Vicentin. Crece el rechazo a la expropiación de la empresa (entidad entrerriana en contra)

Tras conocerse la decisión de la intervención transitoria yexpropiación de Vicentin que anunció el presidente Alberto Fernádez a travésdel DNU 522/200, distintas entidades relacionadas al agro manifestaron supreocupación por la medida y lo calificaron de “atropelloinstitucional”. Además, argumentan que el Estado “está tratando deintervenir la comercialización de granos para controlar la entrada de divisasal país”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe(Carsfe) expresaron una “profunda preocupación” por el anunciopresidencial y le pidieron al gobernador Omar Perotti que revierta el apoyo ala medida del gobierno nacional. Lo invitaron, además, a que se sume a ladefensa del federalismo, por su rol fundamental dentro del Gobierno.

“Repudiamos cualquier intento de avasallamiento en estesentido. La empresa está atravesando un proceso preventivo de crisis (laempresa está en concurso de acreedores por casi $100.000 millones) que llevaadelante el Poder Judicial. Claramente, el Ejecutivo se está llevando pordelante al Poder Legislativo y a la Justicia, lo que es muy grave”,aseguran.

De igual forma, reclaman que, durante estos tres meses decuarentena obligatoria que se cumple en el país por la crisis sanitaria decoronavirus, la economía quedó totalmente relegada a un segundo plano y elúnico anuncio que hizo el Presidente para la producción, dicen, fue laexpropiación de una empresa privada.

Según manifiestan desde la Confederación, la propiedadprivada es un “bien sagrado para nuestra Constitución Nacional” y lode Vicentín es un golpe muy fuerte para toda la cadena productiva. “Lahistoria nos enseña hacia dónde condujeron las decisiones similares, por lascuales esta y las futuras generaciones deberán seguir pagando con más deuda einflación este tipo de arrebatos que se hacen en nombre del pueblo”,señalan.

En el mismo sentido, desde la Confederación de AsociacionesRurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostienen que ven con “muchapreocupación” el accionar del gobierno nacional frente a la situación queestá atravesando la exportadora y se preguntan si se actuará del mismo modo conlas pymes que han tenido que cerrar por la crisis que está dejando la pandemia.

“Triviales argumentos rodean la errónea intención de unGobierno que pareciera no entender la fragilidad económica en la que estamosinmersos todos los argentinos, en medio de una negociación internacional dedeuda que nos pone al borde del default. Con una crisis productiva producto dela pandemia, perdiendo el foco de las imperiosas necesidades de educación,justicia, salud y orden económico que el pueblo argentino reclama. Más allá dela gran preocupación que genera el avance de un Estado casi quebrado sobre lapropiedad privada.

Para los representantes de Carbap es “alarmante elaccionar del Gobierno” anunciar la intervención y expropiación de lacerealera santafecina y sostienen que, si tal como se anunció durante laconferencia de prensa preocupa la soberanía alimentaria, desde el estadodeberían entender que toda intervención que realizan, lejos de favorecer laproducción de alimentos, atenta contra los niveles productivos y desalienta aquienes deben tomar decisiones a diario para invertir.

“Las dificultades de la empresa son producto de loserrores y la impericia de sus accionistas y dueños, y su pasivo con esta medidaserá trasladado a los argentinos. Además, quién garantiza que una vez que elestado haya tomado el control de la misma, se realice una administracióneficiente y austera. La experiencia indica que se transformara en un refugio demilitantes, moneda de cambio para el pago de favores políticos y una permanentecarga para todos los argentinos”, aseveran.

En ese contexto, el Centro Azucarero también tomó posiciónde la intervención a la exportadora y la calificaron de indebida. “LaIndustria se opone a la intervención de Vicentín y rechaza el argumento usadode una supuesta soberanía alimentaria, siendo la Argentina un país exportadorneto de alimentos. No hay justificativo alguno para el avasallamiento de lasnormas jurídicas vigentes, y la Justicia debe aplicar las medidas que seannecesarias para restablecer el imperio de la ley”, pidieron.

De acuerdo con el análisis que hace el sector de lasituación, si el Poder Ejecutivo queda consentido en avanzar con intervencionesindebidas, sobre el proceso de un concurso de acreedores, las consecuenciasserán lamentables para las empresas y titulares de emprendimientos porquequedarán expuestos a un proceder arbitrario sobre sus bienes y la marcha de susnegocios.

De igual forma, recuerdan que por la difícil encrucijada enque se encuentra la economía del país, agravada por la emergencia sanitaria,puso a innumerables empresas -de toda envergadura- en situación muycomprometida. “Muchas probablemente entren en procesos concursales y todasnecesitarán apelar al mayor esfuerzo para salir adelante, para lo que esindispensable un contexto político que no agregue incertidumbres innecesarias yevitables, menos aún la amenaza de una intervención de la administraciónpública”, señalan.

Por otro lado, desde la Asociación Civil de ProductoresAgrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) consideran la intervención yexpropiación de Vicentin como “abuso de autoridad” y actoinconstitucional que no respeta al Poder Judicial que atenta contra laseguridad jurídica.

“Consideramos que no están tratando de salvar a losproductores a los que no les pagó Vicentin, están tratando de intervenir lacomercialización de granos para controlar la entrada de divisas al país. Estees el inicio de un nuevo modelo económico que atenta con la legitimidad dellucro y exhortamos al Presidente a dar marcha atrás a este proyecto deexpropiación y a la Justicia a defender su derecho como tal”, piden.

En un comunicado, las Bolsas de cereales y comercio deRosario, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Bahía Blanca y Chaco, dijeronque “abogan por la utilización de las herramientas jurídicas paraencontrar una salida a la situación de default de la empresa, manteniendoincólume el Estado de Derecho y respetando los usos y costumbres del mercado degranos”.

También en un comunicado la Comisión Asesora Regional SantaFe de Coninagro comunicó “su repudio a cualquier acto de intervención oconfiscación de empresas privadas sea cual fuere su estado de situaciónpatrimonial, que no fuese realizado conforme a la normativa legal yconstitucional, despejando así cualquier duda respecto de la posición denuestra entidad en el ámbito provincial”.

“Defendemos la propiedad privada como elementoimprescindible de la realización económica de nuestro pueblo, a la vez que delas libertades individuales; siendo un instituto muy caro al sentir de nuestraNación, y que hace posible la autosubsistencia, frustrando los intentos degenerar dependencia de las dádivas de los gobiernos de turno”, agregó.

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez, diputadonacional por Consenso Federal, remarcó: “Cuanto antes el Gobierno vuelvaatrás con la decisión y analice otra alternativa con el mismo objetivo pero sintantos riesgos, sería mejor”.