Un total de 1506 acreedores se presentaron a reclamar pagos en el concurso preventivo de la cooperativa láctea SanCor, que este mes cumplió un año desde su apertura ante la Justicia de Rafaela, en Santa Fe. Aunque la cooperativa había informado inicialmente 2702 acreedores, esa fue la cifra que finalmente solicitó el reconocimiento formal de sus créditos. Según el informe individual elaborado por la Sindicatura, el pasivo verificado asciende a más de $195.158 millones, unos US$138,9 millones; esa suma agrupa deudas laborales, comerciales, financieras y fiscales.
El informe está firmado por los contadores Juan L. Tomat, Oscar L. Epstein e Ignacio M. Pacheco Huber, los tres profesionales designados por la Justicia para revisar las cuentas de la cooperativa. En el documento analizaron punto por punto los reclamos presentados: determinaron cuáles se aceptaron y cuáles se rechazaron, el monto reconocido en cada caso y la categoría en que se encuadra cada deuda.
El informe también consignó que han “recibido más de ciento cincuenta (150) ejemplares devueltos por haberse consignado erróneamente los domicilios” y que el error “surge de la propia información brindada por la concursada”. Además, advirtieron que no pueden “pasar por alto lo reseñado respecto de la muy inferior cantidad de acreedores que se han presentado a solicitar el reconocimiento de sus créditos”.
SanCor debe casi US$140 millones. Archivo/Marcelo Manera
El proceso se desarrolla en un contexto en el que la Justicia ratificó recientemente la intervención parcial de la cooperativa y un esquema de coadministración judicial. La Cámara confirmó la decisión adoptada en el marco del concurso preventivo y rechazó la apelación presentada por la empresa, al considerar que “la medida recurrida se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por juez concursal”. De este modo, el esquema de control judicial permanece vigente mientras avanza el trámite del concurso; la coadministración quedó a cargo de Lucila Inés Prono.
Un dato relevante: de las 1506 presentaciones, 1064 corresponden a acreedores laborales, lo que representa el 70,65% de los reclamos. Los planteos abarcan indemnizaciones, diferencias salariales, cuotas vinculadas a retiros voluntarios y otros conceptos derivados de la relación laboral.
Además del marcado peso de los reclamos laborales, la nómina incluye acreedores comerciales, firmas energéticas, aseguradoras y entidades financieras. Aparecen Prevent SMK SA, con créditos mayoritariamente quirografarios; Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, con acreencias en pesos y en dólares; el estudio Nicholson & Cano SRL, con un crédito en moneda extranjera; la firma láctea Inproal SRL; y empresas de servicios públicos como EPE Santa Fe, Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y Litoral Gas SA. También figuran cooperativas tamberas y proveedores logísticos, lo que evidencia el impacto transversal del concurso sobre toda la cadena productiva.
En un expediente vinculado al concurso principal, algunos trabajadores empezaron a cobrar parte de sus acreencias mediante el mecanismo de pronto pago, que permite adelantar pagos laborales mientras continúa el proceso general. En el informe se consignó que “se vienen abonando parcialmente dividendos laborales”.
En el análisis de estos casos, la Sindicatura aclaró que los trabajadores no pueden reclamar directamente en el concurso los aportes a la obra social que la empresa no haya pagado. Señaló que ese reclamo le corresponde a la propia obra social, salvo que el empleado haya abonado esos aportes de su bolsillo y pueda demostrarlo. “El trabajador no tiene legitimación activa directa para verificar aportes impagos a la obra social, a excepción que lo hubiera pagado él mismo y pueda acreditarlo mediante los respectivos comprobantes de pago”, detalló.
Se presentaron 1506 acreedores, menos de los 2702 que había informado la cooperativa.
También se rechazó el reconocimiento del denominado “subsidio código 751”. Allí se explicó que “no se trata de un crédito laboral exigible frente a la concursada, sino de un mecanismo interno de naturaleza mutual o cooperativa entre trabajadores“, y que “este descuento por planilla cesó a partir de los haberes del mes de julio de 2019”.
En los reclamos relacionados con los retiros voluntarios, la sindicatura revisó qué decía cada acuerdo firmado y cómo impactaron los aumentos salariales que se negociaron durante la crisis. Tras ese análisis, en varios casos concluyó que ese pago adicional no corresponde y que “no corresponde aconsejar este rubro”.
Como se mencionó, el listado incluyó además acreedores financieros, proveedores comerciales, empresas de servicios públicos, aseguradoras y organismos fiscales. En estos casos se reconoce el capital cuando está debidamente acreditado, mientras que los intereses pueden quedar sujetos a revisión conforme a los criterios establecidos en el informe. También se detallaron presentaciones declaradas inadmisibles por incumplimientos formales o falta de documentación suficiente.
En relación con los intereses, el informe indicó que se computarán únicamente hasta el 3 de febrero de 2025, que fue el día en que la empresa pidió el concurso; a partir de esa fecha dejan de correr. Para las deudas en dólares, se propuso aplicar un interés del 6% anual. En cambio, para las deudas en pesos se tomó como referencia la tasa activa del Banco Nación, sin sumar intereses sobre intereses y con un tope cuando ya había una tasa acordada previamente.
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