En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que respalda al decreto nacional que declara servicio público esencial a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga.
En las voces de los diputados Gustavo Cusinato (UCR) y Nicolás
Mattiauda (PRO), el interbloque de Diputados de Cambiemos rechazó el proyecto
que respalda el decreto nacional.
El radical, que fue integrante del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) en sus tiempos de legislador nacional, consideró que “este tipo de
medidas no resuelve las brechas digitales” y advirtió que “el Estado ni siquiera
es capaz de garantizar servicios como agua o gas, por lo que mal podrá hacerse
cargo de inmensas inversiones en materia de TICs”.
En ese marco, Cusinato sostuvo que “si hay algo está funcionando
bien y en lo que ha habido grandes inversiones son justamente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)”, por lo que calificó como “un
retroceso” la posibilidad de modificar este esquema.
“Este tipo de medidas no resuelve las brechas digitales y trae
más problemas que soluciones”, afirmó luego Cusinato.
“El temor es que en la medida en que estas tecnologías se vayan
transformando en servicios públicos será muy difícil que se realicen las inversiones
necesarias debido a que se trata de un sector en el que la tecnología cambia
día a día y las inversiones son permanentes”, advirtió el legislador.
Y fue más allá al decir que “al estar considerados como un servicio
público, deberá ser el Estado el que se haga cargo de las inversiones, si es
que no lo hacen las empresas privadas”.
Por su parte, Nicolás Mattiauda (PRO) también presentó
un proyecto sobre el tema pero bajo una mirada distinta.. Sostuvo que la declaración de internet, telefonía y TV paga
como servicio esencial “pone en riesgo a decenas de empresas locales de cable”
y “el congelamiento de tarifas hace peligrar la continuidad del servicio por
parte de estas empresas”.
“En Entre Ríos hay casi 180 empresas locales que proveen cable
e internet, generalmente a localidades pequeñas a las que no llegan las grandes
empresas de telecomunicaciones. Se trata de una actividad que genera actividad
económica, empleo y a la que están vinculadas más de siete mil entrerrianos”,
indicó.
“Son estas empresas privadas las que llevan el servicio a 1650
escuelas primarias y secundarias de la provincia, por lo que si éstas están en
riesgo también se pone en riesgo la igualdad del sistema educativo y todas las
otras actividades vinculadas a la salud, el comercio, la industria, etc”,
concluyó Mattiauda.
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