Polémico nuevo esquema de subsidios

El transporte interurbano de todo el país está en alerta, al
conocerse la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la
Resolución Nº 29 del Ministerio de Transporte de la Nación, que dispone un
nuevo esquema de subsidios para el sector: la medida que reglamenta el Fondo
Compensador impone una redistribución y asignación de fondos que solo incluyen
a los servicios urbano o de corta distancia -hasta 60 kilómetros-, y excluye a
los recorridos superiores a ese kilometraje.

De acuerdo con la normativa a la que accedió UNO, a Entre
Ríos le corresponderían 704 millones de pesos: 105,6 millones de pesos en
enero, 52,8 millones en febrero, y una cifra similar en marzo y meses
subsiguientes. Estos recursos, junto con los que aporta el gobierno provincial,
servirían para sostener el transporte público, en esas dos modalidades: los
urbanos y de corta distancia, como los comprendidos desde la terminal de
Paraná, y distintas localidades de Paraná Campaña o Diamante. El resto resultaron
discriminados y excluidos, sin fondos, por lo que más de 20 empresas
provinciales y centenares de puestos de trabajo están en riesgo, ante el actual
bajo movimiento de la actividad del transporte interurbano provincial y
nacional, que está en un 25% del nivel prepandemia.

“La instrumentación de la medida, tal cual está planteada,
pone en situación de colapso a todo el sistema de transporte provincial en
beneficio directo hacia el transporte urbano, casi en forma exclusiva. Y digo
en forma exclusiva pues condiciona al sistema SUBE, donde el único lugar que se
encuentra habilitado su uso es en la ciudad de Paraná. Es indudable que este
traje a medida, perjudica al transporte provincial todo haciendo inviable su
prestación”, plantea la nota presentada este lunes por la Asociación
Entrerriana del Transporte Automotor (AETA) ante la Secretaría de Transporte de
la provincia.

“Esto condena a la desaparición a las empresas, y dejará a
pueblos y ciudades sin vinculación por falta de servicios”, explicó a UNO el
empresario del sector e histórico dirigente Fernando Barzán.

Recordó que el sector tuvo vedada su actividad por la
pandemia del Covid-19 hasta el mes de diciembre. En la actualidad opera con un
nivel de actividad del orden del 25% respecto al movimiento anterior a marzo
del 2020, y con un 20% de frecuencias. Sin recursos propios, y con la quita de
Nación de los subsidios para asignar a los colectivos urbanos, la medida pone
en virtual situación de quiebra a las empresas, actualmente en crisis por la
baja actividad y altos costos.

Barzán indicó que la resolución nacional que favorece a los
servicios urbanos no fundamenta los motivos de la quita a los interurbanos.
Solo especifica que el sistema de compensaciones se retrotrae al esquema
vigente en 2010; al respecto recordó que el transporte interurbano fue incluido
en los subsidios nacionales a partir de 2012, ante la necesidad de frenar las
subas de tarifas.

Precisamente, frente a este nuevo esquema, los boletos de
colectivos interurbanos deberían ajustarse más del 50%, para permitir que se
realicen recorridos. “Resulta imposible, no solo porque será inalcanzable e
inconveniente para los usuarios, sino porque tampoco alcanza a las empresas que
realizan los servicios con esquema de emergencia, que incluso tienen
capacidades restringidas al 80% para transportar, “y no llegan al 50% la
ocupación en cada servicio”, apuntó.

Además de la nota presentada por AETA, algunos empresarios
del sector mantuvieron un encuentro con funcionarios de la cartera de
Transporte de la Provincia. “Ante esta determinación del gobierno nacional,
dependerá de la decisión política de cada provincia cómo seguirá el
transporte”, apuntó Barzán.

No hubo respuesta oficial aún ante esta situación.

“Este cambio intempestivo tiene el agravante de
implementarse a cuatro días de tener que hacer frente a las obligaciones
salariales de la totalidad de la nómina de las empresas en un contexto, que
estamos funcionando en modo emergencia, no logrando cubrir los costos en
actividad. Desde ya ponemos a vuestro conocimiento que la obligación se
trasformara de cumplimiento imposible con las lógicas consecuencias que ello
implica”, advirtieron en la nota al secretario de Transporte, Néstor Landra.

Actualmente, tanto los servicios urbanos como interurbanos
reciben fondos de Nación, a los que se suman un 50% más que aporta el gobierno
provincial.

Sobre ese monto provincial también residen dudas sobre su
continuidad, al no conocerse los anexos reglamentarios de la Resolución 29 de
Transporte de la Nación.

La norma promulgada, en su artículo 1, determina:
“Reglaméntase el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por
automotor urbano y suburbano del interior del país creado por el artículo 125
de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2019, el cual ha sido prorrogado por el artículo 72 de la Ley N°
27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, a fin de asistir a las Provincias y por su intermedio a las empresas
prestadoras de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de
carácter provincial y municipal de cada jurisdicción, con un monto de
afectación de hasta 20.000 millones de pesos”.