La Fiscalía Federal pidió una condena de cinco años de prisión para una pareja de Villa del Rosario por haber gestionado y financiado de manera ilegal la llegada de dos niñas provenientes de la República Dominicana a su casa. La intención de la pareja era ser madre y padre y eludir las vías legales de adopción: viajaron a Centroamérica, contactaron a una persona que los vinculó con el padre de las hermanas de 9 y 11 años, regresaron al país, enviaron dinero para los pasajes y las cruzaron en un bote desde Paraguay hasta Misiones. Buscaron atajos en los sótanos institucionales para intentar legalizar la situación de las menores migrantes, hasta que el Copnaf intervino y presentó la denuncia.
El objetivo de la pareja era adoptar y criar a las dos hermanas, pero el delito por el que fueron juzados y sobre el cual la Fiscalía solicitó la condena es “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros” (las dos hermanas y su padre), agravado en dos ocasiones por abuso de la necesidad de tres personas migrantes y por la minoría de edad de dos de las víctimas.
Este expediente nació a partir de esa denuncia y sigue tramitándose en el Juzgado Federal de Concordia. Allí también se tramita una denuncia del abogado de Paraná contra la diputada provincial de la UCR, Gabriela Lena, quien como escribana certificó un poder del padre de las niñas a favor de la pareja, con amplias facultades para conducir la vida de las menores.
Juicio y pedido de condena
El juicio se realizó en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros. Declararon numerosos testigos que participaron en la investigación, entre ellos profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Programa Nacional de Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de Trata, quienes entrevistaron a las niñas y a otras personas y permitieron reconstruir los hechos. También prestaron testimonio allegados de la pareja que aportaron elementos en su defensa.
En los alegatos, el fiscal auxiliar Dardo Barreto contó cómo se produjo el contacto inicial de la pareja con una persona en República Dominicana que los vinculó con el padre de las niñas. La familia se habría conocido en un resort de Punta Cana y a partir de allí la pareja inició gestiones para traer a las menores a la Argentina.
Barreto relató que la pareja intentó primero vías legales mediante cartas de invitación, rechazadas en dos oportunidades por la falta de solvencia económica del progenitor. Ante esa negativa, se planificó un ingreso irregular: las niñas y su padre viajaron desde República Dominicana hacia Colombia, luego a Paraguay y finalmente realizaron el cruce ilegal a la Argentina en un bote por el río Paraná. Una vez en Villa del Rosario, la pareja alquiló una casa para el padre a cuatro cuadras de su propio domicilio, aunque las niñas quedaron viviendo con ellos.
La Fiscalía basó su acusación en registros migratorios y pericias telefónicas. Se constató que la pareja cruzó varias veces a Paraguay entre el 28 y el 30 de abril de 2022 para coordinar el ingreso. Barreto citó mensajes de WhatsApp comprometedores, como uno donde la mujer decía estar “esperando al pasador”, y otro en el que se discutía qué decir si los detenía Gendarmería, sugiriendo la coartada de que estaban “de paseo”.
También se presentaron gestiones irregulares para documentar a las niñas. El fiscal leyó mensajes en los que la mujer planeaba hacer trámites en la Municipalidad de Mocoretá (Corrientes), donde pensaba decir que las niñas “eran de Chaco” o que eran “NN”, ocultando su nacionalidad extranjera.
Barreto cuestionó el supuesto altruismo de la pareja, que había manifestado en República Dominicana que los trámites legales de adopción le resultaban “muy engorrosos”. Pruebas extraídas del celular de la mujer mostraron conversaciones con un tercero que decía haber encontrado a una mujer embarazada dispuesta a dar a su hijo en adopción; ese hombre era conocido por las niñas como “maestro Landy”, un docente que, según la acusación, se dedicaba a ofrecer niños y niñas a turistas.
El fiscal reprodujo en la audiencia audios en los que la madre de las niñas le envió a la mujer de Entre Ríos mensajes manifestando que se había llevado a sus hijas sin su consentimiento y que lo iba a denunciar por secuestro.
Barreto subrayó que la permanencia ilegal se extendió por meses y que las niñas vivían en un domicilio distinto al declarado para el padre. Si bien dijo entender el “sentimiento de maternar” de los acusados, remarcó que eso no justifica eludir las leyes de adopción y los registros que muchas familias respetan al enfrentar el proceso burocrático.
Los defensores, Pablo Moyano Ilundain y Brenda Víttori, pidieron la absolución y sostuvieron que la conducta de la pareja no encuadra en el delito imputado por Fiscalía y que no se probó que obtuvieran un beneficio directo o indirecto. Afirmaron que su único objetivo era cubrir las necesidades materiales, afectivas y morales de las niñas, ofreciéndoles un centro de vida armónico y cuidadoso, y describieron las condiciones de extrema vulnerabilidad (salud, escolaridad e higiene) en las que se encontraban en República Dominicana.
También participó la defensora pública oficial Gisela Cancellieri, en representación del Ministerio Pupilar, con el fin de gestionar información con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de República Dominicana, donde se investiga la salida de las niñas sin el consentimiento de la madre, con sospechas de adopción ilegal.
Informes, Cámara Gesell y entrevistas
La causa se inició el 15 de enero de 2024, con la denuncia de los directores de Protección Integral de Adolescentes del Copnaf ante la Fiscalía Federal de Concordia. Antes, en el marco de una causa en el Juzgado de Familia de Chajarí, el defensor auxiliar interino del Departamento de Federación puso en conocimiento del organismo la situación de las dos menores dominicanas, quienes habrían ingresado de manera irregular al país con su padre, expulsado del territorio nacional el 19 de diciembre de 2023; y que se encontraban con una pareja de Villa del Rosario.
Los denunciantes señalaron que las niñas habrían quedado en la Argentina con la pareja, que tenía un poder especial para realizar todos los trámites necesarios para que las menores obtuvieran la ciudadanía argentina y para “todos los actos necesarios de la vida de las hermanas”.
Por decisión del Copnaf y mediante resolución del Juzgado de Familia de Chajarí, las niñas fueron alojadas provisoriamente en la Residencia San José de la localidad de Feliciano, y se les prohibió a los acusados cualquier contacto con ellas.
La Dirección Nacional de Migraciones remitió tres expedientes que muestran que, en mayo de 2023, declaró irregular la permanencia en el territorio argentino del padre de las menores, prohibiéndole el reingreso al país por cinco años; y que sus dos hijas menores permanecían en el país, habiendo sido designada como tutora (ante ese organismo) la mujer acusada.
El 5 de febrero de 2024 se realizó el allanamiento en la casa de la pareja y se les secuestraron los celulares.
Según el informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en la entrevista una de las niñas contó que “una vez estando en la escuela, un maestro que se llamaba Landy le dijo a su padre que había una mujer que quería conocerlas a ella y a su hermana. Explicó que por este motivo ella y su hermana comenzaron a tener conversaciones con (la mujer de Villa del Rosario) a través del celular de su padre por medio de videollamada, que mantuvieron una relación de amistad de forma virtual durante un tiempo. Refirió que antes de que comience la pandemia conoció personalmente (a la pareja) en un hotel ‘muy lindo’. Manifestó que los invitaron a pasar unos días en el hotel ubicado en la ciudad de Bávaro junto a su hermana, su padre, su tía y la hija. Refirió que estando en el hotel la mujer les ofreció que si querían podrían irse a vivir a la Argentina con ella. Les dijo que quería adoptar a dos mujeres de piel morena y poder ayudarlas”.
La menor también relató que “viajaron con su hermana y su padre a la Argentina, pero tuvieron que ir primero en avión desde República Dominicana hasta Colombia y desde Colombia a la República de Paraguay. Al llegar a este país la pareja los estaba esperando en Paraguay. Explicó que ella, su hermana y su padre cruzaron en bote a la República Argentina, ya que no tenían los papeles para pasar”.
En agosto de 2024, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a la pareja por “haber facilitado la permanencia ilegal (de las niñas y el padre) en el territorio nacional, con la finalidad de adoptar ilegalmente a las dos menores oriundas de la República Dominicana, evitando así cumplir con la normativa vigente que regula la materia (…) Concretamente (…) entre los años 2019 y 2023, (aprovechando de la especial situación de vulnerabilidad socio económica en la que se encontraban inmersas las personas) colaboraron con la gestión de los documentos de viaje (pasaportes) de los migrantes, enviando dinero a su país de origen a tales fines; y asistieron a los nombrados en el curse migratorio ilegal –presuntamente desde la República del Paraguay hacia el territorio nacional en el año 2022, por un paso fluvial no habilitado; trasladándoles luego – a bordo de su vehículo y una vez efectuado el cruce – desde la frontera hacia la ciudad de Villa del Rosario… para finalmente acoger en su domicilio particular a las dos menores”.
La situación de Lena
La diputada Gabriela Lena fue denunciada por el abogado paranaense Agustín Artibano Planiscg, a raíz de una publicación en el sitio Diario Junio, por las escrituras mediante las cuales se gestionó el poder especial del padre de las niñas a favor de la pareja de Villa del Rosario, para que asumieran la responsabilidad parental y pudieran trasladarse por el país y el exterior, lo que el denunciante califica como un acto ilegal.
La fiscal federal Josefina Minatta delegó la investigación al fiscal federal de Concordia, Francisco Bernhardt. Según supo ANÁLISIS, en el marco de esa investigación, que es un desprendimiento del expediente principal por el que se juzga a la pareja, se llevaron a cabo varias medidas: se allanó el estudio de Lena y se secuestraron los libros de protocolo, no sólo respecto de las dos escrituras señaladas sino de todo el libro de protocolos de la escribanía.
Lena, que es diputada y escribana, sostiene su inocencia y se presentó en el Juzgado Federal con sus abogados para ponerse a disposición de la Justicia. Restan aún medidas por realizar y dictámenes por recibir, como uno solicitado al Colegio de Escribanos de Entre Ríos, y pedidos de información a distintos organismos, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones, para determinar si esos poderes fueron presentados en algún momento. Por ahora la Fiscalía no está en condiciones de afirmar si Lena cometió o no un delito.
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