El decreto con el que el Gobierno, por necesidad y urgencia, modificó la Ley de Inteligencia abrió en pocas horas un frente legislativo y político que se agrava minuto a minuto. El cambio estructural en la SIDE, formalizado el primer día hábil del año, coincidió con la advertencia de un grupo de diputados del interbloque Unidos, que reclamó a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Trámite Legislativo, que revisa los DNU, y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El pedido fue luego respaldado por Unión por la Patria, que también remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados.
La solicitud busca activar el primer paso institucional para que el Congreso trate el DNU 941/25, que reformó aspectos centrales del sistema de inteligencia. Según la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete dispone de diez días hábiles para enviar el decreto al Parlamento. Una vez recibido, la Bicameral de DNU —aún no conformada tras el recambio legislativo— tendrá otros diez días para expedirse. Aunque no haya dictamen, el decreto deberá llegar al recinto en febrero, cuando las cámaras vuelvan a sesionar con el desafío de reunir la mayoría simple necesaria para rechazar o convalidar una de las reformas más sensibles de la gestión libertaria.
Fuertes críticas de la oposición
La disputa política estalló incluso antes de que el decreto ingresara al Congreso. Desde el interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro adoptó una de las posturas más duras al afirmar que, si la reforma de la SIDE la hubiera firmado un gobierno kirchnerista, “sería un escándalo institucional de proporciones históricas”. El diputado apuntó contra lo que definió como “republicanos intermitentes” que guardan silencio ante un cambio que, dijo, “va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.
Ferraro cuestionó además que una medida de tal alcance se imponga mediante un decreto: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”. La advertencia cobró fuerza cuando el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez sostuvo que el alcance del decreto “es muchísimo más amplio”, porque obliga a todo el Sector Público Nacional —universidades, organismos descentralizados, empresas estatales, seguridad social— a aplicar medidas de contrainteligencia definidas por la SIDE.
Mónica Frade, también de Unidos, se sumó al reclamo y advirtió que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado”, en referencia a Milei y Patricia Bullrich. Su intervención subrayó la necesidad de que el Congreso intervenga y active los mecanismos de control previstos por la propia Ley de Inteligencia.
Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi —ex titular de la SIDE y hoy diputado nacional— tildó el decreto de “atropello a garantías individuales básicas” y habló de un cuadro de “extrema gravedad institucional”. Sus críticas se centran en un punto clave del debate: la posibilidad de que agentes de inteligencia “puedan detener personas sin orden judicial previa”, algo que consideró una violación directa de los derechos humanos y una habilitación a tareas de inteligencia interior, expresamente prohibidas por ley.
Rossi también cuestionó que se habilite a las Fuerzas Armadas y de Seguridad a realizar inteligencia interior a pedido del jefe de la SIDE, sin límites de personal ni plazos, y sostuvo que la eliminación del control civil en el ámbito militar consolida una “militarización de la política de defensa”. En entrevistas radiales fue más allá: advirtió que la reforma “convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta” y advirtió sobre posibles efectos sobre el periodismo, al considerar que podría facilitar mecanismos de disciplinamiento y temor frente a investigaciones incómodas.
La defensa del Gobierno y el nuevo mapa del sistema de inteligencia
En medio de las críticas, la Secretaría de Inteligencia del Estado difundió un comunicado para justificar las modificaciones. Definió la reforma como parte de una “segunda generación” del Sistema de Inteligencia Nacional y la enmarcó en el “proceso histórico que impulsa el Presidente” para adecuar al país a “las amenazas y desafíos del siglo XXI”.
Según el organismo, el DNU “acota, define y clarifica” la estructura y las competencias del sistema, elimina superposiciones y suprime funciones que —según el Gobierno— habían sido asignadas de manera discrecional durante décadas. Entre los cambios más relevantes, la SIDE puntualizó que la Agencia de Seguridad Nacional quedará circunscripta a tareas de contrainteligencia, mientras que la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información pasará a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
El comunicado también defendió la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la concentración de sus funciones en el Estado Mayor Conjunto, con el argumento de lograr un esquema “más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”. Para la SIDE, el nuevo sistema de intercambio de información —basado en trazabilidad y registro obligatorio de cada requerimiento— garantiza transparencia interna y refuerza los controles legales y presupuestarios.
“El Estado argentino debe dejar atrás prácticas del pasado como persecución política interna, espionaje doméstico o control indebido sobre dirigentes, periodistas y ciudadanos”, sostuvo el organismo, que cerró el texto reivindicando la reforma como una decisión que consolida “un Estado limitado, profesional y al servicio de la República y de la libertad”.
Mientras el Gobierno defiende el DNU y la oposición reclama el funcionamiento de las bicamerales, el reloj ya corre. La carta enviada a Menem y Villarruel, firmada por diputados de Unidos y acompañada por UP, busca asegurar que el tratamiento del decreto no quede relegado mientras avanza el receso parlamentario. Si se respetan los plazos, el DNU recién llegará al recinto en la segunda quincena de febrero, cuando las cámaras enfrentarán el desafío de reunir mayorías simples en un Congreso todavía desordenado tras el recambio de diciembre.
JD / DCQ
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