El Gobierno nacional no logra acordar con
las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto propuesto por
el Presidente Javier Milei para 2025. Frigerio y sus pares, muchos de los que han acompañado las medidas del gobierno nacional, plantearon reclamos y exigencias que jaquean la aprobación de la Ley de Leyes. En Diputados, aún no logra acordar dictamen para su tratamiento. ¿Habrá acuerdo?
Las autoridades nacionales se mantienen
firmes en que se respete el déficit cero y aseguran que no les preocupa si no
se aprueba el proyecto de Presupuesto 2025 impulsado por Milei, mientras los gobernadores reclaman que se
paguen las deudas.
Los mandatarios provinciales insisten en que sea la Casa Rosada la que defina de
dónde se sacarán los recursos para cumplir con los compromisos con los diferentes distritos y, en este sentido, hubo un pedido para reunirse y discutir
el asunto personalmente, pero éste no fue contestado.
En ese marco, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que “un país serio no puede no tener un Presupuesto”, tras la reunión que mantuvo el jueves pasado en la Casa Rosada para avanzar en un
acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia, algo que sus pares, incluido Rogelio Frigerio, han venido realizando tras el impulso de Nación, hace algunas semanas, de un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.
No obstante, como ya sucedió en encuentro anteriores de los gobernadores con funcionarios nacionales, no se logra avanzar en un acuerdo que le permita al gobierno de Milei tener certezas de que su Presupuesto para el año próximo logrará el respaldo de la oposición ‘dialoguista’ que hasta aquí le permitió avanzar con los vetos a la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.
Con ese panorama, además, el proyecto que Milei presentó
personalmente en el Congreso viene siendo discutido en
las comisiones de la Cámara de Diputados
desde ese momento, pero no logra acordar un dictamen.
Mientras, las autoridades nacionales se
mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto
-si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, los
gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.
Entre los puntos principales que reclaman
los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el
Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la
deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos
décadas.
El proyecto quedó trabado en el recinto
porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus
diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a
esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.
Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.
“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de
dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas
presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo
discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco
los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y
los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente
cercana a las negociaciones.
En este sentido, los representantes de las
provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los
puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que
la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta
con un fallo favorable.
Al respecto, los gobernadores aseguran que
todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio
fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y
menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025. “Bueno, si es solo un dos por ciento, que
nos digan de dónde lo sacamos y nosotros lo hacemos. El asunto es sencillo, la
cuenta, al final del día, tiene que seguir dando cero”, expresó una
fuente de Balcarce 50.
Por otra parte, las provincias del
interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de
Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había
quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma
suerte el resto de las jurisdicciones.
Sin
respuestas
El miércoles pasado, después de un zoom
que los gobernadores de Juntos por el Cambio mantuvieron con los jefes de los
bloques en Diputados de los partidos que integran la alianza (PRO, UCR y
Coalición Cívica), le enviaron a la cúpula libertaria un pedido para reunirse y
discutir el asunto en persona, pero no hubo respuesta.
En el oficialismo argumentan que no les
preocupa si no se aprueba el proyecto, ya que podrían prorrogar por decreto el
del 2023, que fue el último que se sancionó. Por su parte, la oposición
sostiene que “eso sería un pésimo mensaje para los mercados”.
De hecho, algunos de los dirigentes del
PRO involucrados en el tema consideran que es mentira que a Milei no le importe
quedarse sin Presupuesto, ya que eso también perjudicaría la posición del país
ante los inversores internacionales y organismos de crédito y, por lo tanto,
complicaría el plan económico y retrasaría la salida del cepo.
En Casa Rosada ratifican su posición y advierten que, como está planteada la situación hasta el momento, no habría acuerdo con las provincias y, sin una garantía de que se vaya a aprobar, no se convocaría a sesiones extraordinarias y la iniciativa no sería tratada.
Con información de Infobae.
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