El gobierno de la provincia puso en marcha las medidas
anunciadas recientemente con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones, y en este contexto, determinó, mediante el Decreto
1576 del 24 de junio, que se aplicará un incremento del 3% de los
aportes jubilatorios a los activos y pasivos dependientes de la administración
pública de Entre Ríos.
Esta decisión del Ejecutivo entrerriano ya comenzó a generar
rechazos por parte de diferentes sectores, como legisladores, gremialistas y
organizaciones.
Uno de los que se pronunció al respecto fue el senador por
el Departamento Uruguay, Martín Oliva, quien cuestionó, más allá del aumento,
la forma en que se concretó.
“Cuando nos visitaron en el bloque se entendía que sería un
proceso que se iba a dar por la Legislatura y ahora pareciera que va a ser por
decreto”, señaló el legislador en declaraciones a Radio Plaza.
Y agregó: “En lo personal pienso que no debe tocarse o
intervenirse sobre lo que disponen los trabajadores en sus salarios y habría
que buscar diferentes mecanismos consensuados con los trabajadores para
organizar el sistema de retiro que administra la provincia”.
“Desde que empezó esto, hace mucho tiempo, ha llevado la
relación 4 a 1 y, según lo que nos dijo el titular de la Caja, Gastón Bagnat;
está en 1,82 la relación aportante-pasivo. Ese es el concepto inicial que, a
título personal, tengo, hay que trabajar en esto, pero de manera consensuada
con los representantes de los trabajadores”, opinó.
Martín Oliva.
Más adelante, el ex intendente de Concepción del Uruguay
insistió: “Todos coincidimos en que la Caja debe reorganizarse y el gobierno lo
está haciendo, pero entendíamos que era una materia de discusión legislativa
donde acordáramos con los trabajadores. En lo personal, no hubiese ido nunca en
algo que los trabajadores sintieran que iba en detrimento de sus conquistas o
sus salarios”.
“Creo que hay que sentarse en una mesa, lo había hablado
informalmente, no institucionalmente ni en profundidad, con algunos de los
representantes gremiales y creo que todos tienen una visión de que hay que
reorganizar. Por eso con ellos y, a lo mejor, en una mesa de trabajo de todos
los días, que genere tensión, se podía llegar a un acuerdo, y quizás en algún
momento lleguemos a eso en la Legislatura”, apuntó.
Para concluir, sentenció: “A la Caja todos los que habitamos
esta provincia sabíamos que hay que ordenarla, pero no es, quizás, la forma en
que había que hacerlo”.
Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre
Ríos (AGMER), también se refirió al tema y coincidió con el integrante de la
Cámara Alta provincial en rechazar la decisión del gobierno entrerriano.
El gremio expuso su postura mediante un comunicado que
tituló como “Un ajuste más a nuestros salarios, y en el peor momento”.
El comunicado de AGMER
Otra de las voces que se sumó al rechazo hacia el decreto
provincial fue la de Carolina Fischbach, abogada previsionalista y presidente
del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos,
quien advirtió acerca de la posibilidad de que se inicien acciones legales sobre la medida,
considerando el impacto que la misma podría tener en los salarios de los
activos y pasivos.
Así lo reveló la letrada en una entrevista que brindó a
Radio Plaza, donde detalló: “Estamos analizando pormenorizadamente si reúne los
requisitos para que esto no sea atacado por algún tipo de inconstitucionalidad.
Porque toda norma que sale de los distintos poderes puede ser revisada por el
Poder Judicial, que es el poder de contralor”.
Carolina Fischbach.
Para cerrar, Fischbach aclaró que la propia Ley 8.732, de
Jubilaciones y Pensiones, aún vigente, establece esta posibilidad en el
artículo 12, incluido dentro del capítulo V de la normativa, y especificó: “El
Poder Ejecutivo toma el artículo 12, no es que está legislando”.
Pero afirmó: “En la situación de emergencia en la cual estamos,
tocar en el 3% el ingreso no es nada gracioso”.
El Decreto
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