La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María
(SRJM), con el apoyo otras entidades rurales. presentaron un recurso de amparo
en los Tribunales Federales de Córdoba para frenar el cobro de las retenciones
a los granos y subproductos a partir del 1° de enero de este año hasta que el
Congreso fije la nueva modalidad.
“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y
al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay
sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en
esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón
porque las argumentaciones presentadas son contundentes”, dijo Nicolás
Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en una conferencia de prensa.
“Las retenciones son inconstitucionales y para
que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo”, disparó
el ruralista.
Según explicó el dirigente, decidieron ir a la Justicia porque tanto
desde el Ejecutivo como de los legisladores no tuvieron respuestas ante el
planteo de que cese el cobro de este impuesto que se inició el 8 de enero de
este año en la asamblea de productores en Armstrong (Santa Fe), que estuvo
liderada por la mesa de enlace con productores.
Nicolás Pino, presidente de la SRA y Marcos Pereda, vicepresidente de la
SRA.
“Charlamos con muchos legisladores a quienes le expresamos nuestro
punto de vista. Les pedimos que traten este tema en extraordinarias y no pudo
ser. Desde nuestro lugar le se lo seguimos pidiendo porque es una obligación
asumir su responsabilidad y trabajar en este tema”, destacó Pino ante la consulta
de Clarín, quien agregó que solamente el amparo fue presentado por dos
entidades porque “no todas las entidades tienen capacidades técnicas para
hacerlo”.
Según argumentaron las entidades, el 31 de diciembre de 2021 venció el
plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre
de 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos de
exportación.
Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de
ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad,
pero ese proyecto fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la
legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.
Por lo que argumentaron que según lo dispone la Constitución Nacional, y
tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la
exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, solo
pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida
su creación en cualquier circunstancia.
“En estos últimos años, agregaron, el Gobierno fijó las retenciones
porque así lo había habilitado la última ley de emergencia antes referida. Pero
esa facultad de emergencia, por naturaleza transitoria, ha vencido por el mero
transcurso del plazo fijado”, aseguraron desde la entidad.
Pelea por las retenciones
Esta pelea por las retenciones es clave para el Gobierno ante la falta
de dólares y el déficit fiscal que enfrenta. A pesar del recorte productivo
consecuencia de la sequía, dada la suba en los precios,
un nuevo informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que las exportaciones de granos
y derivados podrían ser de US$ 38.900 millones en la nueva campaña, US$ 1.400
millones más que lo proyectado hace cinco meses.
Del mismo trabajo, según consigna Clarín, se desprende el fuerte impacto que tienen las
retenciones para el gobierno. Para 2022, entre los 6 cadenas agroindustriales
más importantes, se estima que el año finalizaría con un aporte en retenciones
cercano a US$ 9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas US$ 200
millones superior. Para destacar, en 2021 las retenciones representaron el 8,8%
de la recaudación tributaria nacional.
Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, otra entidad
de la mesa de enlace, apoyó la presentación judicial que realizaron la SRA y la
SRJM. “Coincidimos en todas
acciones que demuestren nuestra convicción, de que las retenciones son nocivas
para la producción. Y si en este caso hay un fundamento jurídico que lo
sustente, nosotros lo apoyamos”, analizó.
Iannizzotto espera que “esta decisión no entorpezca
otras acciones que queremos seguir gestionando frente al gobierno”.
De todas maneras, Ianozzotto remarcó que la judicialización de temas muy ligado a
lo político “se convierten en letra muerta, o sea, se cajonean”.
Por último, Pino adelantó que los ruralistas se reunirán en estos
días con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y pondrán a este tema en
la agenda.
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