Dieron licencia al juez y aplazaron la indagatoria

El tercer capítulo de la indagatoria a Leonor María
Magdalena Barbero Marcial, madre del exministro de Agroindustria de Mauricio
Macri, Luis Miguel Etchevehere, que debía concretarse este viernes 30, fue
postergado, de momento, sin fecha.  La
mujer, madre de los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego
Etchevehere, está imputada en una causa por estafa y vaciamiento de Sociedad
Anónima Entre Ríos (SAER) a partir de una denuncia que presentara en 2013 su
hija, Dolores Etchevehere.

Barbero Marcial declaró el 12 de marzo último, y entonces
ciñó su relato a la compleja relación con su hija denunciante. Luego, en la
indagatoria del 20 de este mes ocupó su tiempo en contar su versión de los
hechos en el marco de la denuncia por estafa, y la utilización de un crédito
con fines productivos al Banco Itaú que al final se utilizó en provecho propio,
y que se repartieron ella y sus tres hijos varones. Para este viernes 30
pensaba abordar la cuestión del vaciamiento de SAER, la firma editora de El
Diario, y responder las preguntas del fiscal Álvaro Piérola, y de los
querellantes que representan a su hija Dolores, Lisandro Mobilia y Patricio
Cozzi.

Pero esa audiencia fue suspendida. El juez de la causa, el
titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Hugo Ríos, es contacto estrecho
de una persona que dio positivo de 
Covid-19, y en estos momento está con licencia médica por presentar
síntomas compatibles con la enfermedad. En igual situación se encuentra el
abogado Rubén Pagliotto, defensor de Barbero Marcial. El juez Juan Carlín, que
subroga en estos momentos a Ríos, resolvió aplazar la indagatoria «hasta tanto
estén dadas las condiciones sanitarias».

El enredo judicial

En 2013, Dolores Etchevehere presentó una denuncia penal por
estafa contra su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis
Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, que después amplió en el
fuero civil por el proceso de sucesión a la muerte de su padre, Luis Félix
Etchevehere, ocurrida en 2009, pero que sumó también un pedido de investigación
por el supuesto vaciamiento de la nave insignia del holding familiar, Sociedad
Anónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario. Pero la Justicia
-cuatro distintos jueces tuvo la causa- nunca llamó a indagatoria a la familia
Etchevehere. Ello recién ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando el juez Ríos
firmó el pedido de indagatoria. Fue un día después de que otra jueza, María
Carolina Castagno, dispusiera el desalojo de Dolores y el MTE de Grabois del
campo Nuestra Casa, en El Quebracho.

En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma
fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes
a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por
dólar) cuyo importe fue retirado  por los
denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro,
sus tres hermanos  y su madre.

Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude
bancario fue mayor a los u$s 250.000. 
Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados
tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso,
en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las
Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó
la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables
“y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”.
También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza
1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del
Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.

Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los
Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines
productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer
“la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos)
de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los
inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos
gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta
familiar.

Fuente: Entre Ríos Ahora