Alberto envió el proyecto al Congreso

Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto para
legalizar la interrupción voluntaria del embarazo junto al proyecto para
proteger a los recién nacidos durante sus primeros 1000 días de vida.

El presidente lo anunció por Twitter y con un video.

“Siempre fue mi compromiso que el Estado
acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide
la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, expresó el
mandatario en su mensaje grabado.

Sostuvo que “criminalización del aborto solo aumentó
los abortos clandestinos en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan
alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la
democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”.

“Esto resuelve un problema que afecta a la salud
pública. Salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. El
debate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en forma
clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se
someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos en la
clandestinidad o en el sistema de salud argentino”.

Texto

El proyecto es similar al aprobado en 2018. Habilita la
interrupción legal del embarazo a las 14 semanas de gestación y en cualquier
momento si estuviese en peligro la vida de la gestante o fuese producto de una
violación, con declaración jurada de la mujer, a no ser que tenga menos de 13
años.

Estas habilitaciones ya estaban vigentes en el Código Penal,
al que se retocan las penas por los abortos en cualquiera de las circunstancias
no descritas: serán de 3 meses a 1 año a los que lo practiquen con autorización
de la mujer, además de la prohibición de ejercer la medicina. Pero podrían
sufrir la misma pena si se niegan a hacer un aborto legal.  La misma pena para las mujeres cuando
“circunstancias lo hicieran excusable”. No habrá sanción por
tentativa.

Le cabrá entre 3 y 10 años si lo hacen sin el
consentimiento. Las penas menores a 4 años pueden ser excarcelables. Y entre 6
meses y 3 años a quien causare un aborto sin propósito de hacerlo.

Las mujeres deberán obtener un trato digno, privacidad,
respeto a la confidencialidad, calidad en la atención y acceso a la
información. Deberán brindarle además los métodos anticonceptivos que figuran
en el programa médico obligatorio (PMO). Los mayores de 16 años deberán acudir
con un representante legal y los de 13 con sus progenitores.

Los profesionales podrá tener objeción de conciencia en
ámbito público y privado y derivar los pacientes a otros colegas, pero con
muchos límites: no podrán negarse en caso de que el paciente arriesgue su vida
ni para tener secuelas de una práctica. Cualquiera de esos incumplimientos
puede derivar en sanciones administrativas y penales.

El proyecto contempla además la garantía de cobertura en el
programa médico obligatorio y contempla los planes de educación sexual que se
habían sumado al proyecto aprobado en 2018.