El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) concluyó que la población adulta de Entre Ríos tiene una importante
dependencia del Estado en su flujo mensual de ingresos, tras realizar un estudio sobre asistencias brindadas desde el gobierno nacional a la provincia desde el comienzo de la pandemia.
El Gobierno Nacional implementó
programas de asistencia con un amplio alcance para mitigar los efectos
económicos y sociales de la pandemia: el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la
Producción (ATP).
Las medidas beneficiaron, en conjunto, al 22% de la población de la
provincia entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.
El IFE fue el programa de mayor impacto. Unas 274.410
personas fueron beneficiarias de este programa en Entre Ríos, lo que equivale
al 20% de la población y al 32% de la población económicamente activa, entre 18
y 65 años. La cobertura es levemente superior al promedio nacional, que fue del
19,5% del total y el 31,6% de la población económicamente activa.
El IFE es
liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
y está destinado a los sectores más vulnerables de la población para mitigar el
efecto de la pandemia de COVID-19.
Consiste en un bono de 10.000 pesos para las
familias más afectadas, cuyo jefe o jefa de familia sea trabajador informal,
monotributista social, monotributista de categorías A y B, personal doméstico,
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del programa
Progresar.
Del total de los beneficiarios del IFE, 69.000 perciben
además la AUH y 6.000 el Progresar. Esto significa que 75.000 beneficiarios –un
cuarto de quienes cobran el IFE– tiene además otro beneficio del Estado.
Del
resto de los beneficiarios del IFE, 7.000 trabajan en el servicio doméstico,
30.000 son monotributistas y 163.000 son trabajadores informales, desempleados
o inactivos laborales.
A empresas
El programa ATP alcanzó a unos 32.200 empleados en relación
de dependencia entre abril y mayo, lo que representa el 26% de los asalariados
privados registrados de la provincial.
El ATP consiste en un subsidio estatal
para cubrir un porcentaje del salario de los trabajadores privados formales de
los sectores cuya actividad se vio afectada por la cuarentena impuesta para hacer
frente al COVID-19. El tope del beneficio es de dos salarios mínimos.
Para dimensionar la incidencia del Estado en la inyección de
flujo mensual en la economía se debe contabilizar, además de los programas
sociales nacionales, los 138.000 empleados públicos y los 234.000 jubilados
nacionales y provinciales.
En total, unas 724.512 personas reciben un
estipendio monetario del Estado cada mes, lo que representa al 69% de la
población mayor de 18 años.
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