De la redacción de INFORME DIGITAL
El gobierno nacional dio este martes un paso administrativo clave en el proceso de regularización del Puerto de Paraná. A través de la Resolución 11/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial, se aprobó formalmente la delimitación de la jurisdicción portuaria nacional sobre dos manzanas estratégicas que totalizan 62.242,60 metros cuadrados en la capital entrerriana.
La medida, firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor, se apoya en planos de mensura inscriptos ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y en antecedentes normativos como el Convenio de Transferencia de Puertos de 1991, que reguló el traspaso de puertos nacionales a las provincias, aunque reservando determinadas competencias para el Estado nacional.
Lo que dice el archivo
Los inmuebles alcanzados corresponden a las manzanas 8 y 9 del Puerto de Paraná. Según la resolución, la delimitación se ajusta a la mensura presentada por el Ente Autárquico Puerto Paraná ante el organismo catastral provincial, lo que otorga respaldo técnico y registral a la decisión administrativa.
Si bien el dominio del predio había sido transferido a la provincia de Entre Ríos en agosto de 2025, tras la aprobación legislativa que consolidó ese traspaso, la publicación de esta resolución introduce una precisión formal relevante: establece con exactitud los límites y alcances territoriales de la jurisdicción portuaria, un aspecto clave para cualquier desarrollo futuro.
El año pasado, el gobernador Rogelio Frigerio había anunciado la recuperación de más de 60.000 metros cuadrados frente al río, en un acto junto a la intendenta de Paraná, Rosario Romero. En esa oportunidad, ambos destacaron que el área —ubicada sobre calles Laurencena y Santiago Liniers— sería destinada a un proceso de planificación participativa con proyección turística, recreativa y urbanística.
Aquel convenio con la entonces Administración General de Puertos había permitido a la provincia asumir el uso y custodia del predio por un plazo inicial, mientras se avanzaba en la transferencia definitiva del dominio, finalmente concretada por ley en 2025. La normativa estableció que el puerto pasaría a la órbita provincial con fines logísticos, productivos y turísticos.
En ese contexto, la resolución publicada ahora no implica un nuevo traspaso ni modifica la titularidad ya definida, pero sí ordena y delimita formalmente el territorio involucrado, una condición indispensable para eventuales inversiones, concesiones o desarrollos inmobiliarios en la zona costera.
Fuentes vinculadas al sector logístico local señalaron que la definición precisa de la jurisdicción resulta determinante para despejar incertidumbres administrativas y facilitar futuras iniciativas.
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Con esta decisión, la Nación completa el encuadre técnico y registral de un proceso que había tenido su hito central el año pasado con la transferencia del dominio, y que ahora suma un capítulo administrativo que fija, sobre plano y catastro, los límites concretos del nuevo escenario portuario en la capital entrerriana.
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