Una investigación penal liderada por la fiscal Gisela Muñiz derivó en un allanamiento al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Feliciano, en busca de informes diagnósticos de una menor atendida por el psicólogo Ernesto Quintana, empleado municipal.
Según fuentes locales, la fiscal Muñiz es vinculada a la senadora Gladys Dominguez y al Ejecutivo provincial, manteniendo un conflicto con el intendente Damián Arévalo.
Tras denunciar abuso, la menor fue derivada al CIC para tratamiento psicológico con Quintana. Ante la solicitud de informes por parte de la fiscal, la Municipalidad argumentó la protección del secreto profesional del psicólogo, lo que desencadenó el allanamiento.
Ante la falta de resultados en el CIC, se procedió al allanamiento del domicilio del psicólogo, generando la crítica de la administración municipal de Feliciano.
La Municipalidad expresó su disposición a colaborar con la Justicia, resaltando que el CIC no guarda historias clínicas, ya que estas son responsabilidad del psicólogo. Además, enfatizó en la confidencialidad de la información vinculada a tratamientos psicológicos.
El intendente Arévalo, abogado de profesión, señaló que la medida adoptada plantea dudas sobre su razonabilidad y adecuación a las garantías procesales, invocando el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos.
La situación generó un fuerte debate en la localidad, poniendo en tela de juicio la actuación de la fiscal y la justificación del allanamiento en el marco de la investigación.
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