El Gobierno apura el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, aunque su aprobación no está asegurada. Con media sanción del Senado y bajo la fuerte presión de gobernadores con intereses mineros, La Libertad Avanza puso en marcha el cronograma en Diputados. Frente a un panorama de números ajustados y bloques fragmentados, aceptó, eso sí, habilitar una audiencia pública antes de firmar el dictamen.
La reforma es determinante para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que Javier Milei describió ante la Asamblea Legislativa como “la política de desarrollo más eficaz del siglo” y que, según sostuvo, ya tiene proyectos aprobados por u$s 25.000 millones y otros u$s 45.000 millones en estudio. De los 12 emprendimientos ya aprobados, cuatro corresponden a minería en Salta, Catamarca y San Juan.
El empuje de los gobernadores
El cronograma que trazó el oficialismo prevé dos jornadas de debate en plenario de comisiones —Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales— los días 4 y 10 de marzo, con el objetivo de dictaminar el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12.
La presión de los mandatarios provinciales fue determinante. En diciembre, cuando Diego Santilli negoció con gobernadores los votos necesarios para la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026, el acuerdo incluyó acelerar la reforma de la Ley de Glaciares. Una vez sancionadas esas iniciativas, la Casa Rosada retomó este proyecto.
El texto que aprobó el Senado redefine el concepto de glaciar y ambiente periglacial, delega en las provincias la “utilización racional de los recursos naturales” y permite que, con base en estudios técnico-científicos, las provincias registren zonas en el Inventario Nacional de Glaciares. Si un área no cumple funciones hídricas, el IANIGLA podrá excluirla del inventario. Desde la oposición ambientalista advierten que ese punto abre la puerta a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas hoy protegidas.
El Gobierno concede la audiencia pública y el peronismo podría volver a votar dividido
El principal problema del oficialismo es aritmético. En el Senado obtuvo 40 votos, apenas tres por encima de la mayoría, con el respaldo de los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), ambos peronistas de provincias mineras.
En Diputados, el panorama es más incierto. La Libertad Avanza dispone de 95 propios y busca sumar a radicales, Innovación Federal, el PRO y bloques provinciales, pero no todos están dispuestos a acompañar. En la Cámara Alta, dos de los tres senadores del PRO votaron en contra. También rechazó la reforma Julieta Corroza (Neuquén), alineada con su gobernador, y el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció públicamente en contra.
El peronismo tampoco muestra unidad. En el Senado hubo apoyos desde provincias mineras y rechazos desde sectores ligados a La Cámpora. En Diputados, el bloque que conduce Germán Martínez podría replicar esa división. Durante la Asamblea Legislativa, algunos diputados de Unión por la Patria exhibieron carteles con consignas como “sin agua no hay mate” y “sin agua no hay vermut”, anticipando la resistencia interna.
Sin el respaldo de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, el oficialismo quedaría muy justo para alcanzar los 129 votos necesarios.
En ese marco, el Gobierno accedió a habilitar una audiencia pública no vinculante el martes 10. La iniciativa fue impulsada por la Coalición Cívica y Provincias Unidas, a través de una nota encabezada por Maximiliano Ferraro y acompañada por Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.
Ferraro sostuvo que “la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales —más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua— no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.
Los firmantes hicieron valer el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación pública en decisiones con impacto ambiental significativo. Además, el artículo 20 de la Ley de Ambiente establece la institucionalización de audiencias para actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente.
En principio, el oficialismo no contemplaba esa instancia. Pero, dada su debilidad numérica, decidió incorporarla antes del dictamen previsto para el 11 de marzo.
La discusión excede lo político. El proyecto reactiva la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que otorga a las provincias dominio sobre sus recursos naturales, y el artículo 41, que faculta a la Nación a establecer presupuestos mínimos ambientales.
La reforma sancionada en el Senado prioriza el rol provincial. Para las organizaciones ambientalistas, ese cambio erosiona la protección de cursos de agua y podría derivar en impugnaciones judiciales por regresión normativa.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca imprimir velocidad. En las comisiones el oficialismo tiene números para dictaminar, pero en el recinto la historia podría ser otra. La audiencia pública aparece como un puente para retener apoyos.
El Gobierno confía en que la presión de los gobernadores mineros y el atractivo del RIGI inclinen la balanza. Sin embargo, la votación, cruzada por intereses territoriales y fracturas internas, se encamina hacia una definición ajustada.
ML
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