La respuesta de la Provincia a los bonistas

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno de Entre Ríos
se refirió a la situación actual con los bonistas, en el marco de la
reestructuración de la deuda de la provincia.

En 2017, según el comunicado, la Provincia de Entre Ríos
emitió el Bono ER 25 con un capital de USD 500 millones pagadero en tres
amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés pagadera
semestralmente de 8.75%.

A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy
afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever. Una gran
devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno
anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer
estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin
precedentes en 2020.

La Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda
extranjera -tales como las regalías petroleras-, su relación entre recursos
expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que
impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones
pautadas al momento de la emisión. La variación del tipo de cambio fue del 191%
desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la
variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos
expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma
tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las
provincias.

En tales circunstancias, el 8 de agosto de 2020 la Provincia
se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25. Se
inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de
la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo
constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación
necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones
esenciales y prioritarias en medio de esta crisis.

Una proyección a mediano plazo muestra una prolongación
indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la
actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar
gastos en salud, asistencia social y seguridad.

Es importante destacar que si bien la proyección
presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono
ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en
otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores
gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la
pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el
proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el
período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de
circunstancias atípicas.

La Provincia lamenta que los inversores hayan designado a
una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor
financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis
de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas
y no en litigios. También lamenta que en cada ocasión que han tenido
oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia
y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus
inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena
fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus
propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de
sus acreedores. Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página
oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al
vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo
establecido en estos últimos.

El 4 de enero de 2021, tomamos conocimiento por los medios
de prensa del supuesto inicio de una demanda por parte de un grupo de
acreedores, tenedores del 54% del total de la deuda emitida, que tiene por
objeto el cobro de los intereses vencidos, por un monto cercano a los 12
millones de dólares. Esto confirma que la intención de dichos inversores fue
siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos
inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo. 
En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la
defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en
los fueros que corresponda.

La Provincia continuará trabajado sin descanso y haciendo
sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población,
incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores
dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de
negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los
procedimientos legales que correspondan.