La abogada Arizcuren afirma: “Dejaron a mis mandantes solos, sin asistencia y a la deriva. La legislación exige proporcionar al damnificado una reparación integral de los daños patrimoniales y/o extrapatrimoniales ocasionados, ninguno de los cuales debe quedar sin la debida reparación”.
Cruces
Desde el entorno de la diputada intentaron desviar la atención calificando la causa como una “operación política” de la oposición. En mensajes enviados por correo electrónico, Villaverde sugirió que las denuncias son “carpetazos” impulsados por sectores del kirchnerismo rionegrino. No obstante, las pruebas aportadas por los damnificados apuntan en sentido contrario.
Entre el material presentado ante la Justicia figuran recibos de pago con la firma de puño y letra de Lorena Villaverde, transferencias bancarias destinadas a ella y a proveedores que ella misma indicaba, facturas de ARCA emitidas por Villaverde por montos específicos de las cuotas y hasta grabaciones con Javier Rubio, administrador de Villaverde, en las que éste admite que los plazos están vencidos y que “no puede asegurar tiempos” porque carece de información logística y operativa clara.
En la actualidad la causa está en etapa probatoria. La abogada Arizcuren solicitó la inhibición general de bienes y el embargo de los activos de la diputada para asegurar que, en caso de un fallo favorable, los damnificados puedan recuperar sus fondos. A fines del año pasado, el juez Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, trabó un embargo sobre la dieta de la diputada hasta cubrir los $40,5 millones.
Lo que más inquieta a la comunidad es que, según testimonios, la venta de lotes bajo esta modalidad podría haber continuado por redes sociales como Instagram (@Urbanizacionvillaverdelg) y bajo el nombre “Villa Verde Las Grutas”, pese a que el sitio web oficial fue dado de baja.
El caso de Lorena Villaverde excede lo estrictamente inmobiliario y plantea un dilema de ética pública. A medida que avanza la Justicia rionegrina, queda en el aire la pregunta sobre si un representante del pueblo puede mantener su cargo mientras enfrenta acusaciones tan graves de haber defraudado a sus propios vecinos.
*Por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano, estudiantes de estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires.
por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano
Galería de imágenes
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.