El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la puesta en marcha de un sistema de retiro voluntario para el personal de planta permanente del organismo. En la última reunión entre representantes de las entidades privadas y estatales y funcionarios del gobierno nacional, se instruyó a la Dirección Nacional a elevar la propuesta y, posteriormente, a confeccionar un expediente para derivarlo al área de Empleo Público del Gobierno y al Ministerio de Economía, con el fin de asignar el presupuesto destinado a las desvinculaciones. Aún no se sabe cuántas personas podrían optar por el retiro: el INTA cuenta actualmente con 5749 empleados.
El esquema, formalizado en el Acta N°611, alcanzará al personal permanente con al menos tres años de antigüedad y que sea menor de 65 años al 31 de marzo de 2026, según un documento al que tuvo acceso LA NACION. En cuanto a los pagos, se establece que se calcularán a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio, o por fracción mayor de tres meses, en el desempeño de relaciones de empleo público, conforme a las categorías previstas en la Ley N° 25.164 y en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, según el registro que conste en el legajo personal. Para los agentes que tengan hasta 60 años cumplidos al 31 de marzo de 2026 se abonará la totalidad del monto resultante de ese cálculo.
Se estableció que el pago total se hará en una sola vez
Para quienes tengan entre 61 y 63 años inclusive al 31 de marzo de 2026, el valor se calculará con el mismo criterio, pero con un tope máximo equivalente a 24 haberes brutos. Para quienes hayan cumplido 64 años a esa fecha, el límite será de 12 haberes brutos. En ese sentido, el Consejo Directivo del organismo, que preside Nicolás Bronzovich, también fijó que el pago se abonará en un único desembolso.
El Consejo Directivo además dispuso la prohibición de reingreso para el personal que se adhiera al retiro voluntario. En concreto, quienes accedan a este régimen no podrán ser designados nuevamente en planta permanente ni en planta transitoria, ni podrán incorporarse bajo ninguna modalidad de contratación —con o sin relación de dependencia— en los organismos que integran el Sector Público Nacional, conforme al artículo 8° de la Ley N° 24.156. Esta restricción tendrá una duración de cinco años, contados desde la fecha efectiva de cese del agente.
La convocatoria tendrá un plazo de treinta días corridos a partir del 1° de abril de 2026. Ese período podrá prorrogarse por única vez por otros quince días corridos, siempre que medie una solicitud de la Dirección Nacional.
Según los números que maneja la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA tiene 5749 empleados: la intención del Gobierno sería recortar 1000 puestos más o reducir hasta alcanzar los 4000. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones, las salidas superan las 800 desde que asumió la actual gestión.
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA. Gentileza: INTA
Julieta Boedo, delegada del gremio ATE en el INTA, señaló: “El plan sigue intacto: vaciar el INTA, al igual que todos los organismos públicos. Con este retiro voluntario pueden irse administrativos y también una gran parte de la planta de profesionales, un plan que atenta directamente contra la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En una palabra, es un cientificidio.
Además, se confirmó que la dependencia encargada de ejecutar la instrucción deberá caratular el expediente administrativo correspondiente y formalizar su tramitación con la intervención de las áreas competentes. El objetivo es que el Consejo Directivo pueda tratar el acto de aprobación pertinente en una reunión ordinaria prevista para marzo.
Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA. Gentileza: ATE
Según pudo saber este medio, las entidades representantes del agro en el organismo pidieron “que se tomen todos los resguardos para que este proceso se pueda realizar sin que se vea afectado el normal accionar del INTA”. También solicitaron a los representantes del Gobierno que se aclare cuántas personas se espera que se adhieran al esquema de retiros. Falta ver qué cantidad de trabajadores podrían aceptar la oferta.
Por otra parte, el Consejo Directivo definió los participantes que integrarán ocho concursos destinados a la elección de Directores Regionales. En relación con las Agencias de Extensión Rural (AER), se instruyó a la Dirección Nacional a dar de baja aquellas que ya estaban contempladas en la Propuesta Integral de Adecuación y Fortalecimiento en trabajo desde febrero del año pasado. Según se indicó, la medida cuenta con la validación de los respectivos Consejos Regionales y no implica pérdida de puestos de trabajo ni de presencia territorial.
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