El fiscal ad-hoc Gastón Justet formalizó
ante el Jurado de Enjuiciamiento
la acusación contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y dejó entrever que tenía “intereses extraprocesales y
extrajurídicos” en la causa donde se investigan las contrataciones irregulares
en la Legislatura. Una foto de más de una década expuso la relación.
Gastón Justet, el abogado de
Gualeguay que interviene como fiscal ad-hoc en el jury, presentó una acusación
contra Goyeneche por presunto mal desempeño y por haber tenido una conducta
incompatible con las funciones a su cargo, en el marco de las denuncias
formuladas por Carlos Guillermo Reggiardo, por un lado, y Rubén Pagliotto y
Guillermo Mulet, por otro.
Justet dijo que Goyeneche tenía una
relación de amistad con uno de los imputados, Pedro Opromolla, que luego se
trasladó “al ámbito de los negocios comunes”.
El Jurado de Enjuiciamiento retomó
su actividad en el proceso que se le sigue a Cecilia Goyeneche y hace unos días
el fiscal ad-hoc acusó formalmente a la procuradora adjunta en un escrito en el
que advirtió que hay una presunción de que tenía “intereses extraprocesales y
extrajurídicos” en la causa de los contratos truchos de la Legislatura.
En el escrito, determinó los hechos
que constituyen la acusación y dijo que Goyeneche tenía una relación personal
con una persona a la que estaba investigando por las contrataciones irregulares
en la Legislatura y que esa amistad “habría afectado las decisiones que fueron
tomadas en el marco de dicha causa”.
Entonces, “pidió que se incorpore
como prueba el legajo completo de la causa de los contratos truchos y que se
cite como testigos a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que
tenían a su cargo la investigación, que ya fue elevada a juicio y el trámite
está suspendido a la espera de que la Corte Suprema resuelva un conflicto de
competencia planteado por un grupo de defensores de las personas imputadas”,
escribió Juan Cruz Varela para el sitio Página Judicial.
El fiscal ad-hoc también pidió al
Poder Judicial que remita la declaración jurada patrimonial de Goyeneche y a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la de su esposo, que además
debería declarar como testigo, al igual que el contador que compartía
propiedades con la procuradora adjunta.
A partir de que Justet presentó
formalmente la acusación, empezó a correr un plazo de quince días hábiles para
que Goyeneche y su abogado, Enrique Pita, se expidan sobre la pretensión fiscal
y ofrezcan la prueba de su parte.
Gonzalo García Garro integrará el Tribunal que juzgará a Goyeneche.
Mientras tanto, deberá jurar Gonzalo García Garro como integrante del tribunal que juzgará la conducta de Goyeneche, tras el apartamiento de Luis Leissa por haber adelantado opinión sobre el proceso.
García Garro es hijo del Blas García, interventor junto con Jorge Busti en Santiago del Estero y ex presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) durante la gestión del extinto exgobernador entrerriano.
De qué se la acusa a Goyeneche
Las causales de la acusación contra
Goyeneche giran en torno a la relación comercial y de amistad con el contador
Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría, que realizaba la gestión
impositiva de los falsos contratistas y, posiblemente, también reclutaba a los
prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y
2018.
El segundo hecho que se le imputa a
Goyeneche es haber instruido a los fiscales Yedro y Aramberry para que
solicitaran autorización para “el allanamiento, requisa procesal y secuestro de
su teléfono celular” de un testigo que había identificado al contador Orlando
entre las personas que frecuentaban y trabajaban en el estudio contable.
Esas circunstancias, dice Justet en
su acusación, “habrían derivado en la exteriorización de un interés
extrajurídico y/o extraprocesal (de parte de Goyeneche) en la investigación de
aquella causa”.
En los fundamentos de la acusación,
el fiscal ad-hoc repasó los orígenes de una relación de amistad entre Goyeneche
y Orlando y el contador imputado, que luego se trasladó “al ámbito de los
negocios comunes entre la acusada y Opromolla, ya que eran socios en sendos
contratos de fideicomiso en razón de los cuales compartían -en calidad de
condóminos- tres propiedades inmuebles”.
Además, agregó que en uno de ellos “existía
un contrato de locación en favor de terceros vigente desde el 1 de julio de
2017, cuyo canon se repartía entre la acusada y Opromolla, y el cual era
abonado en el estudio contable de este último, lo que implicaba -presumiblemente-
que tanto la enjuiciada como su marido (sabían) de aquel contrato de alquiler”.
Fuente: Juan Cruz Varela para Página Judicial.
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.