El miércoles 18 de febrero el juez Ríos recibió desde la cárcel de Gualeguaychú una nota con un escrito de habeas corpus firmado por Celis, en el que denunciaba un intento de homicidio y solicitaba protección. El otro juez federal de Paraná, Daniel Alonso, por razones de competencia territorial, resolvió enviar el caso al Juzgado Federal de aquella ciudad del sur entrerriano. Ante la Cámara Federal de Apelaciones, el fiscal Candioti coincidió con esa determinación y los camaristas resolvieron el jueves 19 remitir la denuncia al juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. Este magistrado la derivó al fiscal federal, Pedro Rebollo.
Al mediodía del viernes, Rebollo pidió al Servicio Penitenciario de Entre Ríos el traslado de Celis desde la UP 9, ubicada sobre la ruta 136, hasta su despacho. Permanecieron allí cerca de seis horas. En ese lapso, Rebollo llegó acompañado por una numerosa comisión de Gendarmería Nacional y con una orden de allanamiento dictada por Viri. Les abrieron las puertas y se dirigieron al pabellón donde están alojados Airaldi y unos 50 internos más. Permanecieron hasta aproximadamente las 2 de la madrugada revisando cada celda y cada rincón donde pudiera ocultarse algo. Secuestraron tres celulares, unos gramos de cocaína y un manuscrito.
Por razones de seguridad, Celis fue trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná, y también trasladaron a su hijo, Teuco Celis, procesado por narcotráfico junto a su padre, quien estaba alojado en la cárcel de Gualeguay. Ambos quedaron aislados en una celda, a la espera de que este lunes los trasladen a un pabellón o a otro establecimiento.
El Tavi llevaba varios días en una celda individual en el penal de Gualeguaychú por conflictos con algunos presos del pabellón de federales. Fue en ese contexto que envió la nota a Paraná y luego interpuso la denuncia que generó gran repercusión nacional. Dijo que Leonardo Arialdi había pagado 40.000 dólares a un sicario uruguayo para que asesinara a Ríos y a Candioti cuando estuvieran de vacaciones en Punta del Este, destino que esos funcionarios finalmente no eligieron para vacacionar. También aseguró que quería mandar a matar a Roncaglia, aunque ese atentado tendría otro costo porque debía realizarse en Entre Ríos. El ministro no había surgido hasta entonces como blanco del supuesto plan criminal hasta que, de manera extraña, el sábado comenzó a circular por WhatsApp una captura de la denuncia (que Rebollo tiene bajo siete llaves) en la que Celis relata que conocían los movimientos de Roncaglia en moto hacia una quinta en las afueras de Paraná, entre otras indicaciones que habrían recibido los sicarios. Lo que aparentemente no sabían es que Roncaglia, como exjefe de la Policía Federal Argentina, tiene asignado por protocolo un custodio personal que lo acompaña a todos lados desde 2019, cuando se retiró de la fuerza.
Hoy solo Rebollo sabe si la denuncia del Tavi tiene fundamento o no. Algunos interpretan que puede tratarse de una maniobra de un narco que lleva más de 10 años preso para lograr su traslado a Paraná, más cerca de su familia, y donde estaba antes de que el año pasado lo sorprendieran al frente de una nueva banda que vendía drogas en distintos barrios y dentro de la cárcel, junto a familiares. Otros creen que la verosimilitud del relato reside en que Celis se arriesgó demasiado: por su experiencia en la cárcel sabe que esas acciones suelen desencadenar represalias violentas en la convivencia penitenciaria, especialmente frente a presos y narcos con poder económico. Entre las versiones que circularon tras el allanamiento del pabellón, una fuente de Gualeguaychú afirmó que en un celular, que sería de un preso uruguayo y señalado como nexo de Airaldi con los sicarios, encontraron datos elocuentes.
Generan dudas también los supuestos motivos que, según se difundió el sábado, habrían impulsado el plan asesino: suspender el juicio contra Airaldi y otras 13 personas que debía comenzar este martes, aunque esa audiencia se postergó por motivos ajenos a este episodio y quedó reprogramada para el 6 de marzo. Se dice además que buscaba vengarse del juez que lo investigó y procesó, y eliminar al fiscal que le iba a “dar 15 años” (se sabe que el fiscal es quien pide, y quien “da” es el Tribunal). En el caso de Roncaglia, su participación en las investigaciones no había sido preponderante, dado que su función es la autoridad política de la Policía de Entre Ríos y asumió poco antes de los allanamientos y la detención de Airaldi. De comprobarse, no se trataba solo de evitar el juicio y una eventual condena: habría sido una venganza a sangre y fuego, un intento de triple magnicidio.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, presentará este lunes la designación para representarlo ante esta denuncia que, afirma, “es un disparate absoluto”. Además, sostiene que ya habían advertido sobre la preocupación del hombre de Diamante por los problemas y amenazas de otros internos, en particular de Celis, como parte de los fundamentos para solicitar la prisión domiciliaria.
El gobernador Rogelio Frigerio se pronunció en sus redes sociales destacando que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”. El mandatario calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho” y subrayó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos: “Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”.
La antesala de un juicio
Airaldi está procesado en dos causas: una investigada en el Juzgado Federal de Paraná por distribución y comercio de drogas en Diamante y en la capital provincial; y otra en Santa Fe, por el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en la casa del que era su puestero en su isla El Pillo, en la zona de Las Cuevas. En la causa de Santa Fe se confirmó la hipótesis principal de la investigación de Paraná: que el productor agropecuario ponía a disposición del narcotráfico a gran escala sus tierras, islas, camiones y embarcaciones, en sociedad con proveedores paraguayos y grandes bandas de Rosario. El puestero vinculado con aquel cargamento millonario de cocaína tiene pedido de captura, aunque muchos sospechan que lo asesinaron. Unos meses después de la detención de Airaldi, en 2024, la Policía halló enterrado un tanque de 5.000 litros en el campo del narco, junto a una pista de aterrizaje ubicada cerca de un arroyo que desemboca en el río Paraná.
Ambas causas fueron acumuladas y serán juzgadas en un solo juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Paraná, con 51 testigos. El debate iba a comenzar este martes, pero por la destitución del defensor oficial Mauricio Zambiazzo, la nueva defensora pública de dos acusados, Noelia Quiroga, necesitaba más tiempo para estudiar la causa. Comenzará el 6 de marzo. Airaldi está con prisión preventiva desde marzo de 2024. Todo indica que la denuncia y el allanamiento del viernes no alterarán el calendario de audiencias ni volverán a postergar el juicio.
Celis cumple una condena de 15 años y medio de prisión, pena que unificó dos causas: el asalto a una estancia en Las Cuevas en marzo de 2016 y la causa Narcomunicipio, en la que fue condenado junto al exintendente de Paraná, Sergio Varisco, fallecido en 2021, en la conocida trama de la narcopolítica en la capital provincial. En ese mismo juicio también fue condenado por el caso Narcoavioneta, por la llegada a un campo de una aeronave con 317 kilos de marihuana. Estaba con salidas transitorias a la casa de su pareja cuando volvieron a allanar su domicilio y lo procesaron por comercio de drogas junto a parientes y allegados —13 personas en total—. Por esa razón, además, quedó con prisión preventiva en el marco de esa causa y fue enviado al penal de Gualeguaychú.
Historias en común
En la denominada Granja Penal El Potrero los dos viejos conocidos se volvieron a encontrar. Hace más de una década que ambos narcos aparecen relacionados en distintas causas por datos que sugerían que hacían negocios en conjunto.
El primer antecedente fue el hallazgo de 1.300 kilos de marihuana cerca de la planta asfáltica municipal de Paraná, el 19 de agosto de 2015. Junto al cargamento apareció un tráiler rojo cuya titular era Airaldi. El productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Diamante, que hasta entonces no había sido vinculado públicamente a hechos delictivos, denunció luego que le habían robado el vehículo. Una versión extraoficial señalaba que Airaldi había recibido varios miles de kilos de marihuana de parte de unos paraguayos y se los entregó a Celis para su venta. El hombre de Paraná no quería involucrarse, pero el de Diamante lo presionaba porque la droga corría riesgo de estropearse. Una semana después apareció otro cargamento, de 1.700 kilos, en la casa de un empleado municipal en la calle Alemanes del Volga, del barrio El Paracao. En ambos casos hubo condenas y se vinculó a personas estrechamente ligadas a Celis, quien en esos días desarrollaba actividad proselitista con el Movimiento Vecinalista del Oeste a favor de Cambiemos.
En marzo de 2016, Celis y otros hombres asaltaron a la familia Tulián en su estancia “El Retiro”, en Las Cuevas, al sur del Departamento Diamante, buscando una millonaria suma de dólares supuestamente producto de la venta de un campo, que no estaba allí. La pareja víctima del robo son tíos de Leo Airaldi. Aparecieron peones y la policía local; el asalto fue un fracaso. Celis fue detenido varios meses después por pruebas que lo incriminaban y recibió una condena de siete años y seis meses en un juicio abreviado. A muchos les quedó la impresión de que el dato para el atraco lo habría facilitado el propio Airaldi.
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