Con impulso del oficialismo, pero con un temario conformado
por proyectos provenientes desde la oposición, se puso en marcha un plenario de
comisiones de la Cámara de Diputados que trata la implementación de juicios por
jurados a nivel nacional.
Uno de los que respalda esta iniciativa es el integrante del
bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja de la Nación, el entrerriano
Gustavo Bordet. Entre las reuniones que el legislador está teniendo para
impulsar la normativa, se cuenta la que sostuvo con la intendente de Paraná,
Rosario Romero.
Mediante sus redes sociales, la presidente del municipio de
la capital entrerriana dio detalles sobre esta audiencia de trabajo, poniendo
de manifiesto su apoyo a la iniciativa del ex gobernador de llevar los juicios
por jurados al ámbito nacional, tal como sucede en Entre Riós desde 2019.
Si embargo, actualmente existe una iniciativa que intenta
limitar los alcances de esta modalidad.
Esto se debe a que presidente del Superior Tribunal de
Justicia, Leonardo Portela, y el defensor general, Maximiliano Benítez,
presentaron ante el Poder Ejecutivo un proyecto para modificar el artículo 2°
de la Ley 10.746, teniendo como argumentos, por un lado, de darle eficacia y
celeridad al actual funcionamiento de dicho instituto, ya apuntan que no
estaría respondiendo al cumplimiento de los plazos razonables; y por otro,
considerando los gastos que conlleva este tipo de procesos.
Leonardo Portela.
En este marco, la comisión de Asuntos Constitucionales,
Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena
(JxER), trató recientemente esta propuesta de modificación del artículo 2°, con
la participación en esta ocasión, de la titular de la Asociación de Víctimas de
Delitos Aberrantes de Entre Ríos (VIDAER), Carla Cusimano, quien fundamentó una
nota presentada en oposición a los cambios.
Gabriela Lena.
Al respecto, la Lena reveló: “Seguimos escuchando opiniones sobre
esta modificación, que está relacionada con la cantidad de causas que van a ser
pasibles de juicio por jurado”.
“Hay estadísticas, que ha mostrado el Poder Judicial y que
son bastante contundentes, y hay opiniones respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad”,
agregó.
En sentido contrario a lo planteado por las autoridades
judiciales, existen voces que se oponen rotundamente a las modificaciones que
se le propone hacer al mencionado artículo.
Uno de los que se pronunció en contra fue el abogado
penalista Miguel Cullen, miembro de la Mesa Nacional del Pensamiento Penal y
director del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Al respecto, el letrado expresó: “Veo este proyecto con
mucha preocupación y mucha tristeza, porque me parece que desgraciadamente la
Legislatura, el nuevo gobierno y las autoridades actuales, no entendieron la
importancia de lo que fue la revolución del dictado de una norma que salió, lo
recuerdo, por unanimidad, con acuerdo de todos los bloques, votados por la
totalidad, y que nos puso a la vanguardia de las legislaciones procesales
penales del país.
“Y, de golpe, pretenden limitarlo sin ningún tipo de
razón valedera porque ha sido un éxito, la gente que ha participado y que ha
sido jurado sale totalmente convencida de la importancia de participar en las
cuestiones judiciales”, añadió.
Miguel Cullen.
En referencia a los argumentos del proyecto, Cullen afirmó:
“Han sido todas ponderaciones y sin ningún tipo de explicación ahora se
pretende limitar, cerrar esta llave, no buscar alternativas”.
“Se habla de dos cosas, de retraso administrativo, y a
los penalistas que he consultado, a amigos que uno en confianza les puede
preguntar si están muy atrasados con los juicios, todos me dicen más o menos lo
mismo, la mitad de los que mencionan se van a resolver por juicios abreviados”,
completó.
Para finalizar, sostuvo: “Hay sectores dentro del propio
Poder Judicial que históricamente se han opuesto a los juicios por jurado. Creo
que muy equivocadamente, pero no lo hacen porque sean malas personas, sino
simplemente porque ellos creen en otra cosa, y piensan que, o pensaban en su
momento, que el ciudadano no puede interferir dentro del submundo judicial”.
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