La suspensión de las exportaciones de maíz que dispuso elGobierno esta semana impactó en Juntos por el Cambio como un verdadero llamadode la selva. La medida, como era previsible, puso en estado de alerta a la mayoría de las entidades que integran laMesa de Enlace, cuyos representantes dispusieron un “lockout”patronal a partir del lunes, en medio de negociaciones de último momento con laCasa Rosada que podrían desactivarlo. Sin embargo, desde que comenzaron lasasambleas de productores en distintos puntos del país para definir las próximasmedidas de fuerza, los referentes de la coalición opositora que intervienen enla dinámica agraria buscan ponerse al frente del primer reclamo del sector enel arranque del año electoral.
“Con el cese de comercialización no queremos molestar anadie. Mucho menos que después se nos eche la culpa por aumento de precios odesabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza”, sostuvo estesábado Daniel Pellegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una delas cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace. “Sólo es un llamadode atención para poner en lo más alto de la opinión pública el malestar delcampo contra una medida muy perjudicial. Esto se suma a muchas otras cuestiones que se dieron el año pasado, comoel tema de Vicentin, nuevos impuestos y otras decisiones que vienen afectandola capacidad de producción del agro argentino”, disparó Pellegrina enmedio de una negociación con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quesegún pudo saber Tiempo, está en pleno desarrollo. “No está cerrada ypodría tener un desenlace positivo”.
Tal como sucedió en noviembre de 2019, poco después de lavictoria de Alberto Fernández en las últimas presidenciales (y antes de suasunción), los sectores más intransigentes del agro fueron los primeros enconvocar movilizaciones “al costado de la ruta” para organizar a losproductores autoconvocados. También fue planificada para presionar a las conduccionesde la Mesa de Enlace ante la salida de Mauricio Macri del poder y canalizar eldescontento de una parte de su electorado en las principales localidades delsector núcleo de la pampa húmeda, uno de los principales bastiones de la actualalianza opositora. La dinámica no fue en vano. Actualmente esos sectoresacumulan más de un año de debates y coordinaciones para movilizarse cuandofuera necesario. Uno de ellos es el espacio “Campo Más Ciudad”, quetuvo un rol muy activo en los reclamos “preventivos” de fines de2019, ante un posible aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias yahora interviene con mayor fuerza.
“Si volvemos a la ruta no será con cortes de ruta sinocon medidas informativas al costado como repartir folletos. No podemos asegurarque no habrá cortes definitivos en las rutas si no hay un acuerdo. Por ahoraharemos acampes en cruces emblemáticos y asambleas permanentes en algunaslocalidades. Los cortes no están definidos todavía”, explicaron a estediario desde esa organización, cuyo referente es Sebastián Quiroga, vicepresidente de laCoalición Cívica-ARI en el departamento cordobés de San Javier.
En su entorno desvinculan la función partidaria con el papelque juega en Campo Más Ciudad (CMC), pero sus críticos más implacables lovinculan con el exministro de Agroindustria de la era Macri y extitular de laSRA, Luis Miguel Etchevehere. En el espacio gremial agrario también niegan esavinculación y adjudican el vínculo a las coincidencias que comparten distintosproductores “en este momento del país”.
Así como CMC busca expandir su referencia en el conflictocampero, los diputados de Juntos por el Cambio que intervienen en la provinciade Buenos Aires también hacen su juego. Es el caso del diputado nacional delPRO y empresario agropecuario Pablo Torello, junto a su colega santafesina dela Coalición Cívica, Lucila Lehman, y su consorte, el legislador bonaerenseLuciano Bugallo, que también integra el partido que fundó Elisa Carrió y quetambién integra Quiroga.
La apuesta de los integrantes de Cambiemos va más allá de lapulseada por la comercialización del maíz. Si bien consideran la medida como”un error no forzado del oficialismo” como “parte del malasesoramiento que recibe el presidente”, también consideran que se tratade una decisión que es impulsada por el kirchnerismo, donde el ministro”Basterra no define”. “En 15 años hemos puesto 180.000 millonesde dólares solamente en concepto de retención. Es el momento de ver dóndeocurre esa gotera. No es Fernández, ni Macri ni CFK. Es un barril sin fondo quedespués terminamos cubriendo con parches como el impuesto a los ricos”,explicaron desde ese espacio. Ladiscusión de fondo apuntará a reclamar el achicamiento del gasto del Estadoantes de aumentar la recaudación y los impuestos para financiarlo.
El escenario internacional para el agro es distinto al añopasado. La tonelada de soja quedó esta semana cerca de los 500 dólares y enCambiemos consideran que es el anticipo de otro conflicto fiscal. “Tododepende de la buena o mala praxis. Si hacen las cosas bien y aprovechan estabocanada del precio de la soja posiblemente puede pasar algo bueno, pero sisiguen equivocándose, será un nuevo 2008”, vaticinan en Campo Más Ciudadpara referirse a una reedición del conflicto por la Resolución 125 que dispusoCristina Fernández en su primera presidencia para aumentar las retenciones.
La apuesta política apunta a capitalizar electoralmente eleventual malestar ante un fracaso de las negociaciones con el Gobierno, perotambién incluye el interés de construir un “espacio pro campo” dentrodel Congreso que sea transversal al oficialismo y la oposición. “Esto noes el 2008. Es mucho peor. Venimos de tres años de sequía y tenemos undesdoblamiento cambiario del dólar mucho más profundo, si hay conflicto,escalará mucho más rápido”, vaticinan, casi en pie de guerra durante unaño donde buena parte de esas tensiones se catalizarán en la próxima visita alas urnas.
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