El ex senador nacional Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, tuvieron que abandonar el edificio donde cumplían prisión domiciliaria en Paraguay debido a que sus vecinos exigieron que les rescindan el contrato.
El desalojo tuvo lugar luego de que los dueños del departamento del complejo Tierra Alta del Maestro, ubicado en el centro de Asunción, no quisieran renovarle el contrato. El pedido llegó tras una solicitud del consorcio de propietarios.
El inmueble que habitaban fue abandonado por ambos
imputados, quienes fueron trasladados a una residencia en el barrio San Vicente
por disposición de la Justicia local, a cargo del juez Humberto Otazú.
Asimismo, el magistrado dispuso que tanto Kueider como
Guinsel Costa quedaran bajo la jurisdicción de la Comisaría 14° Metropolitana.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, que defiende al ex
funcionario y a su secretaria, presentó formalmente el pasado 20 de enero una
solicitud para realizar el cambio de domicilio.
Luego de analizar el pedido, el fiscal de la causa lo
consideró pertinente y, seguidamente, lo notificó al juez, quien ratificó la
decisión.
Kueider y Guinsel Costa están con prisión domiciliaria luego
de que se los detuviera el pasado 4 de diciembre en el cruce de la triple
frontera, en el Puente de la Amistad. Allí, les incautaron el vehículo con el
que cruzaban, una camioneta de alta gama, a bordo de la cual llevaban más de
200.000 dólares sin declarar.
Las causas en las que está involucrado Edgardo Kueider
Además de la investigación por tentativa de contrabando en
Paraguay, Kueider afronta otra causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo
Delgado, quien ya solicitó su extradición.
La magistrada lleva adelante una investigación que se desprende
de un expediente mayor sobre la firma Securitas, que supuestamente pagaba
sobornos para conseguir contratos de seguridad. La conexión con Kueider es por
su cargo en Enersa, una empresa estatal de Entre Ríos, donde se sospecha que
hubo pagos ilícitos.
Kueider también es investigado en Entre Ríos. En ese caso,
el fiscal José Arias está enfocado en las empresas del ex senador y de todo su
entorno. Por eso, luego del hecho en Paraguay hizo allanamientos y le secuestró
los teléfonos a Daniel González, socio y dueño de la camioneta que utilizaba el
ex legislador cuando fue detenido, y a la abogada Adriana Crucitta, que aparece
en varias firmas.
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