Según la ejecución presupuestaria registrada al 2 de febrero, la Administración Central había devengado gastos por $10,37 billones, equivalentes al 7% del total anual previsto. De ese monto, ya se habían pagado $9,25 billones.
En materia de recaudación, el Estado nacional registró ingresos por $14,56 billones, cifra que representa casi el 10% del total estimado para el año.
Estos números arrojan un resultado financiero devengado superavitario de $4,19 billones y, en base caja, un superávit de $5,31 billones.
Al 2 de febrero la Administración Central registraba un superávit devengado de $4,19 billones y se elevaba en base caja a $5,31 billones
Transcurrido el equivalente al 8,5% del año, el análisis de la ejecución muestra que sólo una partida superó la proporción de avance respecto del total previsto para el ejercicio: el “Servicio de la deuda pública”, que alcanzó el 11,2%. Esa situación se explica por la concentración de vencimientos de intereses en enero, lo que obligó a realizar desembolsos significativos en ese rubro durante el primer mes del año.
El resto de las partidas se mantiene dentro de los parámetros de ejecución programados, lo que contribuye a sostener el equilibrio fiscal en los primeros meses del año.
Perspectivas y próximos pasos
La decisión de avanzar con los pagos a la Ciudad de Buenos Aires inaugura un nuevo capítulo en la relación fiscal entre Nación y Ciudad, en un contexto donde la coordinación y el acatamiento de los fallos judiciales adquieren especial relevancia para el funcionamiento institucional.
El Gobierno Nacional deberá seguir reasignando partidas a lo largo del año, en función de la evolución de las obligaciones derivadas de la medida cautelar y del comportamiento de los recursos tributarios. El seguimiento estricto de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán factores claves para mantener la confianza de actores económicos y organismos internacionales.
El pago de $175.700 millones a la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre constituye un avance relevante en la resolución del conflicto por la coparticipación, aunque el debate sobre el monto total de la deuda y su forma de pago continuará en la agenda política y judicial.
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