“En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria, que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, analizó la opositora. “Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”.
Para la legisladora, esta decisión acarrea “graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, al incidir en la fórmula de cálculo previsional aplicada a jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva contemplada en los acuerdos paritarios públicos y privados, agregó la legisladora.
Además, la denuncia apunta a un posteo de Caputo, en el que exponía la inflación de enero medida con ambos índices, con el fin de explicar que la decisión de cambiar de índice no tenía que ver con los números que cada uno arrojaba. Según la denuncia, el ministro “incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, por haber revelado los datos extraoficialmente antes de lo correspondiente.
La legisladora opositora destacó que, por su impacto en las diversas áreas de la economía del país, “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional”. “Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales”, dijo y agregó: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.
RG CP
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