Solamente en un país "pre-constitucional" como la Argentina, donde la Constitución Nacional es un texto que se enseña (o se enseñaba) en la escuela secundaria y en las facultades de derecho, pero que está lejos de regir plenamente en la vida cotidiana de los ciudadanos; puede darse el insólito caso de un bloqueo de dos de los tres pasos fronterizos terrestre que unen a nuestro país con la vecina y hermana República Oriental del Uruguay, que ya cumple varias semanas sin que ninguna autoridad se digne siquiera a solicitar que cese tal práctica delicitva y flagrantemente violatoria de expresas garantías constitucionales. El derecho a transitar libremente y a entrar y salir libremente del territorio nacional es, en los puentes San Martín y Artigas, letra muerta.
Nadie puede poner en duda que la acción llevada adelante por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ha estado orientada por los mejores y más nobles propósitos – en este caso velar por el derecho a la vida y al ambiente saludable – y que su prédica ha tenido la virtud de poner en la agenda pública nacional y aún internacional un tema que ha sido tardía y pésimamente encarado por las autoridades municipales, provinciales, y nacionales. Nadie puede desconocer también que los ambientalistas han sido "empujados" a tomar esta extrema decisión por la inoperancia gubernamental en dar respuesta a sus legítimos reclamos, y que además ha sido alentada y consentida, tanto por sus representantes municipales, provinciales, y nacionales. Tardíamente, quienes abrieron la Caja de Pandora de métodos piqueteros, hoy piden con razón pero sin coherencia que tal mecanismo cese. Pero solidarizarse con los reclamos genuinos, hacerlos propoios, y reconocer el valor de la participación ciudadana como complemento y acicate de la democracia representativa no puede llevar a convalidar acríticamente metodologías de protesta que no sólo configuran tipos delictivos, sino que también perjudican sin ningún derecho a ciudadanos de ambas orillas, y aún resultan contraproducentes a la hora de buscar soluciones racionales sobre la base del diálogo entre ambos gobiernos nacionales.
En efecto, los cortes y bloqueos de rutas y puentes son la excusa ideal que se les da de manera torpe a los sectores menos dialoguistas del gobierno uruguayo. Ningún país serio, con un mínimo de orgullo y sentido de su autodeterminación nacional, puede sentarse a negociar en estas condiciones. Es menester levantar los cortes, y retomar el camino que nunca debimos haber abandonado, el del diálogo bilateral y la negociación racional y amistosa entre dos gobiernos de países hermanos, que – por añadidura – son socios en el marco del proceso de integración regional del Mercosur.
El Mercosur es, precisamente, uno de los grandes heridos en esta disputa que se ha desmadrado y abandonado el camino de la racionalidad y la cordura. La integración regional con nuestros vecinos es una estrategia clave para enfrenar las maniobras de quienes pretenden dominarnos y condicionarnos a través de instrumentos como el Alca. Debilitar el Mercosur, y los cortes lo debilitan, es ser, queramos o no, funcionales a los intereses colonialistas de aquellos que, desde Canning hasta Greenpeace, quisieron y quieren vernos enfrentados y divididos. No hay que hacerles el juego. el árbol no nos debe ocultar el bosque.
Levantados los cortes, ambos presidentes deben sentarse a dialogar de inmediato. Deberán dejar de lado y no hacer caso a los gritos destemplados que – de ambas orillas – sólo han contribuido a la confusión general. En especial, haría bien Kirchner en olvidarse de las delirantes sugerencias del Gobernador Busti, y haría bien Tabaré Vázquez en prescindir de desafortunadas expresiones de "rifles sanitarios" y alusión al penal de Libertad como morada del gobernador entrerriano que han tenido algunos de sus funcionarios. Deberían dejar de lado slogans absurdos como el "no a las papeleras", y adoptar en cambio consignas más razonables, tales como "no a la contaminación", "sí al desarrollo sostenible", "sí al Mercosur", "sí a la integración regional", "sí a la solución pacífica y fraterna sobre la base del diálogo bilateral".Harían bien nuestros presidentes en escuchar las voces sensatas y bien intencionadas que – desde la política y la academia – se han hecho escuchar en ambas márgenes. Las de los ex presidentes Alfonsín y Sanguinetti, la de Leopoldo Moreau; por ejemplo, apostando al diálogo, a la integración regional, al Mercosur, al tratamiento del problema global de la industria y el desarrollo sustentable en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata; y abandonando iniciativas desafortunadas y condenadas al fracaso como la de recurrir al Tribunal de La Haya . Y escuchar también la de técnicos y especialistas de organismos nacionales y universidades, que han demostrado hasta el hartazgo para quien quiera ver, que la solución de la controversia está a la vuelta de la esquina. Que han mostrado palmariamente que las soluciones técnicas adoptando las mejores tecnologías disponibles son perfectamente posibles.
El Presidente Kirchner ha dicho con toda razón y lógica que no tenemos derecho a privar al Uruguay de la mayor inversión industrial de su historia. El Presidente oriental deberá aceptar que los ciudadanos de Gualeguaychú y de la región – uruguayos y argentinos – tienen derecho a que esa inversión no afecte la salud de la población ni degrade el medio ambiente. Sobre esa base, recuperando el valor y el rol institucional de la CARU, incorporando las mejoras y modificaciones en los procesos productivos de las plantas y en los sistemas de tratamiento de efluentes que se consideren razonablemente necesarios, no debería haber mayores dificultades para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que fije pautas claras a futuro acerca los mecanismos de control y monitoreo estricto del funcionamiento de las plantas y del impacto ambiental que éstas generan. Incluyendo la más amplia participación social y de actores locales en el seguimiento de esos mecanismos de contralor.
La CARU debería intensificar sus programas de evaluación y control periódico de la calidad del agua y de investigación sobre la fauna íctica y el ecosistema. Pueden incluso implementarse, como se hace en Europa, sistemas automáticos de información de la calidad del agua, que brinden información permanente y en tiempo real sobre la evolución de ciertos parámetros críticos.
El acuerdo debería procurar no sólo eliminar o minimizar los impactos ambientales negativos, a través de alternativas técnicas – tales como, por ejemplo, la idea, que puede explorarse, de trasladar no ya las plantas, pero sí los efluentes líquidos, a través de un ducto o canal, hasta aguas abajo de Las Cañas y Gualeguaychú – sino también maximizar los impactos ambientales positivos, como los que se podrían derivar de acordar con las empresas el compromiso de tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos, los de futuras plantas industriales inducidas por el polo celulósico, tratamiento de residuos sólidos de las localidades de la región, etc..
Es de esperar que la solución al conflicto no se demore. Cada día que pasa es una puñalada más, no sólo al Mercosur, sino también a la agenda de integración regional del Bajo Uruguay. Hoy, el fantasma de las papeleras actúa como una gigantesca cortina de humo que oculta otras cuestiones. Hoy ya nadie habla del dragado del río Uruguay, de la asignatura pendiente de la hidrovía, de terminar Salto Grande, de la contaminación que generan otras industrias y los efluentes cloacales sin tratar de la mayoría de las ciuades, de la contaminación que provocan los agroquímicos sin control, del libre tránsito transfronterizo de personas, de la cooperación intermunicipal para el desarrollo, etc..
Es hora de destrabar el conflicto, y el primer paso es liberar los pasos fronterizos. Hacen falta más ideas, y menos gritos. Hacemos votos porque prime, de aquí en más, el espíritu fraterno y la cordura, y que éstos se impongan sobre la demagogia, el populismo, y la impericia que han caracterizado hasta ahora a nuestro gobierno provincial.
Nadie puede poner en duda que la acción llevada adelante por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ha estado orientada por los mejores y más nobles propósitos – en este caso velar por el derecho a la vida y al ambiente saludable – y que su prédica ha tenido la virtud de poner en la agenda pública nacional y aún internacional un tema que ha sido tardía y pésimamente encarado por las autoridades municipales, provinciales, y nacionales. Nadie puede desconocer también que los ambientalistas han sido "empujados" a tomar esta extrema decisión por la inoperancia gubernamental en dar respuesta a sus legítimos reclamos, y que además ha sido alentada y consentida, tanto por sus representantes municipales, provinciales, y nacionales. Tardíamente, quienes abrieron la Caja de Pandora de métodos piqueteros, hoy piden con razón pero sin coherencia que tal mecanismo cese. Pero solidarizarse con los reclamos genuinos, hacerlos propoios, y reconocer el valor de la participación ciudadana como complemento y acicate de la democracia representativa no puede llevar a convalidar acríticamente metodologías de protesta que no sólo configuran tipos delictivos, sino que también perjudican sin ningún derecho a ciudadanos de ambas orillas, y aún resultan contraproducentes a la hora de buscar soluciones racionales sobre la base del diálogo entre ambos gobiernos nacionales.
En efecto, los cortes y bloqueos de rutas y puentes son la excusa ideal que se les da de manera torpe a los sectores menos dialoguistas del gobierno uruguayo. Ningún país serio, con un mínimo de orgullo y sentido de su autodeterminación nacional, puede sentarse a negociar en estas condiciones. Es menester levantar los cortes, y retomar el camino que nunca debimos haber abandonado, el del diálogo bilateral y la negociación racional y amistosa entre dos gobiernos de países hermanos, que – por añadidura – son socios en el marco del proceso de integración regional del Mercosur.
El Mercosur es, precisamente, uno de los grandes heridos en esta disputa que se ha desmadrado y abandonado el camino de la racionalidad y la cordura. La integración regional con nuestros vecinos es una estrategia clave para enfrenar las maniobras de quienes pretenden dominarnos y condicionarnos a través de instrumentos como el Alca. Debilitar el Mercosur, y los cortes lo debilitan, es ser, queramos o no, funcionales a los intereses colonialistas de aquellos que, desde Canning hasta Greenpeace, quisieron y quieren vernos enfrentados y divididos. No hay que hacerles el juego. el árbol no nos debe ocultar el bosque.
Levantados los cortes, ambos presidentes deben sentarse a dialogar de inmediato. Deberán dejar de lado y no hacer caso a los gritos destemplados que – de ambas orillas – sólo han contribuido a la confusión general. En especial, haría bien Kirchner en olvidarse de las delirantes sugerencias del Gobernador Busti, y haría bien Tabaré Vázquez en prescindir de desafortunadas expresiones de "rifles sanitarios" y alusión al penal de Libertad como morada del gobernador entrerriano que han tenido algunos de sus funcionarios. Deberían dejar de lado slogans absurdos como el "no a las papeleras", y adoptar en cambio consignas más razonables, tales como "no a la contaminación", "sí al desarrollo sostenible", "sí al Mercosur", "sí a la integración regional", "sí a la solución pacífica y fraterna sobre la base del diálogo bilateral".Harían bien nuestros presidentes en escuchar las voces sensatas y bien intencionadas que – desde la política y la academia – se han hecho escuchar en ambas márgenes. Las de los ex presidentes Alfonsín y Sanguinetti, la de Leopoldo Moreau; por ejemplo, apostando al diálogo, a la integración regional, al Mercosur, al tratamiento del problema global de la industria y el desarrollo sustentable en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata; y abandonando iniciativas desafortunadas y condenadas al fracaso como la de recurrir al Tribunal de La Haya . Y escuchar también la de técnicos y especialistas de organismos nacionales y universidades, que han demostrado hasta el hartazgo para quien quiera ver, que la solución de la controversia está a la vuelta de la esquina. Que han mostrado palmariamente que las soluciones técnicas adoptando las mejores tecnologías disponibles son perfectamente posibles.
El Presidente Kirchner ha dicho con toda razón y lógica que no tenemos derecho a privar al Uruguay de la mayor inversión industrial de su historia. El Presidente oriental deberá aceptar que los ciudadanos de Gualeguaychú y de la región – uruguayos y argentinos – tienen derecho a que esa inversión no afecte la salud de la población ni degrade el medio ambiente. Sobre esa base, recuperando el valor y el rol institucional de la CARU, incorporando las mejoras y modificaciones en los procesos productivos de las plantas y en los sistemas de tratamiento de efluentes que se consideren razonablemente necesarios, no debería haber mayores dificultades para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que fije pautas claras a futuro acerca los mecanismos de control y monitoreo estricto del funcionamiento de las plantas y del impacto ambiental que éstas generan. Incluyendo la más amplia participación social y de actores locales en el seguimiento de esos mecanismos de contralor.
La CARU debería intensificar sus programas de evaluación y control periódico de la calidad del agua y de investigación sobre la fauna íctica y el ecosistema. Pueden incluso implementarse, como se hace en Europa, sistemas automáticos de información de la calidad del agua, que brinden información permanente y en tiempo real sobre la evolución de ciertos parámetros críticos.
El acuerdo debería procurar no sólo eliminar o minimizar los impactos ambientales negativos, a través de alternativas técnicas – tales como, por ejemplo, la idea, que puede explorarse, de trasladar no ya las plantas, pero sí los efluentes líquidos, a través de un ducto o canal, hasta aguas abajo de Las Cañas y Gualeguaychú – sino también maximizar los impactos ambientales positivos, como los que se podrían derivar de acordar con las empresas el compromiso de tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos, los de futuras plantas industriales inducidas por el polo celulósico, tratamiento de residuos sólidos de las localidades de la región, etc..
Es de esperar que la solución al conflicto no se demore. Cada día que pasa es una puñalada más, no sólo al Mercosur, sino también a la agenda de integración regional del Bajo Uruguay. Hoy, el fantasma de las papeleras actúa como una gigantesca cortina de humo que oculta otras cuestiones. Hoy ya nadie habla del dragado del río Uruguay, de la asignatura pendiente de la hidrovía, de terminar Salto Grande, de la contaminación que generan otras industrias y los efluentes cloacales sin tratar de la mayoría de las ciuades, de la contaminación que provocan los agroquímicos sin control, del libre tránsito transfronterizo de personas, de la cooperación intermunicipal para el desarrollo, etc..
Es hora de destrabar el conflicto, y el primer paso es liberar los pasos fronterizos. Hacen falta más ideas, y menos gritos. Hacemos votos porque prime, de aquí en más, el espíritu fraterno y la cordura, y que éstos se impongan sobre la demagogia, el populismo, y la impericia que han caracterizado hasta ahora a nuestro gobierno provincial.
(*) Director del diario digital Los Principios On Line (C. del Uruguay)
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