El gobierno nacional puso en marcha un operativo pararepartir en las 35 cárceles federales 14.000 tarjetas de teléfono para que usenlos detenidos. Como consecuencia de las medidas de restricción impuestas anteel avance de la epidemia del coronavirus, quienes están presos ya no puedenrecibir visitas. El objetivo del Gobierno es posibilitarles, de todos modos, lacomunicación con el mundo exterior y evitar así que crezca la violencia en lospenales del sistema federal. Los motines de Santa Fe encendieron las alertas.
El operativo de reparto de las tarjetas todavía no terminó.”Está avanzado, pero falta llegar a algunos penales del Sur delpaís”, informó una fuente oficial. Para optimizar viajes, el Gobiernosubió las tarjetas a los camiones destinados a llevar a las cárceles productosde limpieza, como lavanda y alcohol.
Las tarjetas fueron donadas por la empresa Telefónica,informaron en el Ministerio de Justicia. En paralelo con esta decisión, y conidéntico objetivo, el Servicio Penitenciario Federal dispuso también que losinternos tengan acceso a las salas de videoconferencia de los penales paracomunicarse con sus familias.
En el gobierno nacional no están dispuestos, en cambio, aautorizar a los detenidos a usar teléfonos celulares, algo que hoy sí estápermitido en la provincia de Buenos Aires. Fue una decisión de la justicia queel gobierno de Axel Kicillof recibió con alivio porque -dicen- redujo latensión en los penales. El hacinamiento y la superpoblación -en su récordhistórico- eran ya un drama antes del coronavirus. “Ahora caminamos por lacornisa”, dijo un alto funcionario bonaerense a LA NACION .
Primero, habilitó el uso de celulares en dos cárceles unjuez de Necochea, y esta semana, el Tribunal de Casación Penal bonaerenseextendió el permiso a todos los presos de la provincia “durante el períodoque subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamientosocial”. La Casación sostuvo que “la incomunicación absoluta” esviolatoria de derechos humanos fundamentales reconocidos por instrumentosinternacionales.
A nivel federal quieren evitar disponer una medida así enforma general y de un día para otro. Dicen que hay países que permiten que losdetenidos tengan celulares, pero que tienen especialmente regulado su uso.”Algunos tienen una nube por donde pasan las llamadas, que permite a las autoridadesun control, sin violar la privacidad de los presos”, relató un funcionarioargentino que sigue de cerca los modelos penitenciarios extranjeros. En algunospaíses la autorización para usar celulares está prevista como una forma deflexibilización del encierro, al igual que las salidas transitorias.
Desde que se legalizaron los celulares en las cárcelesbonaerenses, hubo al menos tres presentaciones judiciales de presos del sistemafederal pidiendo que los jueces los habilitaran a ellos también a usar telefoníamóvil. Por ahora no prosperó ninguna, informan fuentes oficiales.
La situación de las cárceles federales y las bonaerenses esmuy distinta. Las federales tienen menos de un tercio de detenidos y lasuperpoblación es del 9,35{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, mientras que en la provincia de Buenos Aires haymás de 45.000 presos en cárceles donde la capacidad -en el mejor de los casos-es para 28.000. Además, hay presos en comisarías. La superpoblación, segúnfuentes oficiales, es cercana al 110{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. En octubre pasado, el Tribunal de CasaciónPenal bonaerense hablaba ya de una situación de grave crisis humanitaria en lospenales.
Celulares en las cárceles
Además de Buenos Aires, otras provincias, como Entre Ríos,empezaron a autorizar el uso de celulares. Quienes cuestionan la decisión dehabilitar la telefonía móvil dentro de los penales dicen que implicaregularizar una situación de hecho que el Estado siempre prohibió, sostienenque podrían usarse los teléfonos para cometer delitos y advierten sobre elpeligro que implica, por ejemplo, darles celulares a los agresores sexuales,que podrían utilizarlos para perseguir a sus víctimas. Dicen también quedespués va a ser muy difícil dar marcha atrás con este permiso.
De acuerdo con lo que estableció la Casación de laprovincia, el Sistema Penitenciario Bonarense (SPB) puso en funcionamiento un”protocolo” para la implementación de la nueva autorización. Cadaunidad carcelaria va a llevar un registro de quién usa cada teléfono(“Estará garantizada la trazabilidad”, explican) y quienes esténdetenidos por haber cometido delitos relacionado con celulares van a tener untratamiento especial. Además, no se autorizará el uso de redes sociales, aexcepción de WhatsApp.
El protocolo prevé incluso la posibilidad de regularizarteléfonos que ya estaban, ilegales, dentro de las cárceles. Durante los últimosdos años el SPB secuestró 50.000 celulares, informaron fuentes oficiales. Hoymismo, a pesar de que ya rige el permiso, se incautó un teléfono escondidodentro de una caja de sal en la Unidad 31 de Florencio Varela.
En el gobierno de la provincia son conscientes de que quedamucho por regular pero creen que la medida “fue importante paradescomprimir” la situación y evitar que escalara la violencia. Dicen quecuando pase la pandemia se reverá la situación para determinar si se retiranlos teléfonos o se establecen, con ayuda de la tecnología, pautas de controlque permitan que los detenidos los conserven minimizando los riesgos.
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