Ante el conflicto educativo en la provincia de Entre Ríos, las Organizaciones Sindicales Docentes abajo firmantes expresamos que:
La aplicación de las leyes de transferencia de la Nación a las Provincias y la implementación de la Ley Federal de Educación desfinanciaron, anarquizaron y fragmentaron el sistema educativo nacional.
Hoy, la desigualdad y la exclusión educativa tienen como víctimas a millones de niños, jóvenes y adultos, en una escuela pública que no está en condiciones de garantizar el derecho social a la educación. Fracaso escolar, deterioro pronunciado en alumnos y docentes, demandas insatisfechas, vaciamiento del sentido de la educación pública como herramienta de una sociedad, forman parte de la realidad del conflicto educativo.
La consecuencia inevitable es el deterioro del derecho a la educación en igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso para todos los ciudadanos, concomitante con una amenaza persistente al principio de gratuidad del sistema público.
La exclusión educativa es el resultado de una multiplicidad de factores, provenientes no sólo del campo eminentemente educativo, sino también del campo político, económico y social: desinversión, descomposición de las condiciones laborales de lo educadores, ausencia de planificación en infraestructura para atender la creciente matrícula escolar, ausencia de espacios de participación democrática, por mencionar algunos ejemplos.
Si a esto se agrega el deterioro de las condiciones materiales de vida de los sectores populares, es obvio que el Sistema Educativo Argentino se constituye en una de las formas que adquiere la discriminación social.
Por esta realidad y con estos fundamentos exigimos:
A) La urgente sanción en el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento integral del sistema educativo que implique un incremento de 2 puntos del PBI para educación, que permita oxigenar económicamente la Escuela Argentina en términos integrales: salario unificado nacional, inversión por alumno, formación docente, política de becas, infraestructura y mobiliario escolar. La misma debe recuperar el papel indelegable del Estado Nacional en el sostenimiento económico de la escuela pública argentina. En este sentido se debe inscribir el apoyo de los legisladores nacionales por Entre Ríos a esta iniciativa.
B) La derogación de la Ley Provincial 9330 de Educación y discutir una nueva ley de educación en la provincia de Entre Ríos.
C) La urgente recomposición salarial para los trabajadores de la educación, que contemple el recupero del poder adquisitivo y la movilidad para jerarquizar el escalafón como salida a la meseta salarial en la que nos encontramos y que generaron las propuestas gubernamentales.
D) Condiciones laborales dignas e infraestructura edilicia adecuada en las escuelas.
En este marco, las organizaciones sindicales docentes solicitamos asimismo la garantía al derecho social a la educación, al derecho de enseñar y aprender que, como responsabilidad indelegable, le cabe como gobernador de los entrerrianos.
En este sentido, es imperioso contar con una respuesta favorable a los legítimos reclamos que la docencia entrerriana y la comunidad educativa están expresando en toda la provincia.
La aplicación de las leyes de transferencia de la Nación a las Provincias y la implementación de la Ley Federal de Educación desfinanciaron, anarquizaron y fragmentaron el sistema educativo nacional.
Hoy, la desigualdad y la exclusión educativa tienen como víctimas a millones de niños, jóvenes y adultos, en una escuela pública que no está en condiciones de garantizar el derecho social a la educación. Fracaso escolar, deterioro pronunciado en alumnos y docentes, demandas insatisfechas, vaciamiento del sentido de la educación pública como herramienta de una sociedad, forman parte de la realidad del conflicto educativo.
La consecuencia inevitable es el deterioro del derecho a la educación en igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso para todos los ciudadanos, concomitante con una amenaza persistente al principio de gratuidad del sistema público.
La exclusión educativa es el resultado de una multiplicidad de factores, provenientes no sólo del campo eminentemente educativo, sino también del campo político, económico y social: desinversión, descomposición de las condiciones laborales de lo educadores, ausencia de planificación en infraestructura para atender la creciente matrícula escolar, ausencia de espacios de participación democrática, por mencionar algunos ejemplos.
Si a esto se agrega el deterioro de las condiciones materiales de vida de los sectores populares, es obvio que el Sistema Educativo Argentino se constituye en una de las formas que adquiere la discriminación social.
Por esta realidad y con estos fundamentos exigimos:
A) La urgente sanción en el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento integral del sistema educativo que implique un incremento de 2 puntos del PBI para educación, que permita oxigenar económicamente la Escuela Argentina en términos integrales: salario unificado nacional, inversión por alumno, formación docente, política de becas, infraestructura y mobiliario escolar. La misma debe recuperar el papel indelegable del Estado Nacional en el sostenimiento económico de la escuela pública argentina. En este sentido se debe inscribir el apoyo de los legisladores nacionales por Entre Ríos a esta iniciativa.
B) La derogación de la Ley Provincial 9330 de Educación y discutir una nueva ley de educación en la provincia de Entre Ríos.
C) La urgente recomposición salarial para los trabajadores de la educación, que contemple el recupero del poder adquisitivo y la movilidad para jerarquizar el escalafón como salida a la meseta salarial en la que nos encontramos y que generaron las propuestas gubernamentales.
D) Condiciones laborales dignas e infraestructura edilicia adecuada en las escuelas.
En este marco, las organizaciones sindicales docentes solicitamos asimismo la garantía al derecho social a la educación, al derecho de enseñar y aprender que, como responsabilidad indelegable, le cabe como gobernador de los entrerrianos.
En este sentido, es imperioso contar con una respuesta favorable a los legítimos reclamos que la docencia entrerriana y la comunidad educativa están expresando en toda la provincia.
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