Abogados contra el paro de AJER

Ante la medida de fuerza decretada por la Asociación
Judicial de Entre Ríos (AJER), el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa
su rechazo a la decisión tomada e insta a las autoridades correspondientes a
tomar las medidas necesarias para revertir esta situación.

Resulta necesario recordar que este mismo gremio, cuando
realizó medidas de fuerza en junio por cuestiones salariales, se comprometió
ante la Mesa de Diálogo convocada por este Colegio a solicitar solamente el
levantamiento de la Ley de Emergencia, algo que días después se concretó.

Reconocemos la problemática de los trabajadores
estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que
otros sectores.

Hoy, la situación social, económica y, sobre todo sanitaria
aún no ha sido superada, por lo que es contraproducente para el conjunto
solicitar beneficios exclusivos para algunos sectores de la sociedad en
desmedro de otros y menos aún impedir el funcionamiento de servicio de Justicia
con un paro con quite de colaboración. Reconocemos la problemática de los trabajadores
estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios
que otros sectores.

Por ello, se debe proceder a solicitar el cese inmediato de
la medida de fuerza que solo daña a los más vulnerables impidiendo la tutela
judicial efectiva y el libre ejercicio profesional.

Las medidas de fuerza

El plenario provincial de la Asociación Judiciales de Entre
Ríos (AJER) tomó la decisión de paro total de actividades dos miércoles
seguidos: este miércoles 18 y el 25 de agosto. El viernes 27 definirán la
continuidad de las medidas.

Los trabajadores judiciales reclaman que el Gobierno
provincial se ponga al día con los aumentos para el sector, que quedaron en
suspenso por la vigencia de la ley de Emergencia sancionada en 2020 y vigente
hasta fines de junio pasado. “El Gobierno se comprometió a pagarnos una vez
finalizada la emergencia”, señaló Brnusak y explicó que esa deuda se originó
“por los aumentos que otorgó la Corte Suprema de Justicia durante el período en
que nuestra ley de enganche estaba suspendida”, registró APF.