A lo largo de varios años, tres empresas productoras de papel (Papelera Alto Paraná SA, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero) han venido contaminando sistemáticamente el cauce hídrico que sirve de frontera a nuestro país y la Argentina. Los informes coinciden en que los residuos químicos usados en el tratamiento de la materia prima y arrojados al agua generan graves trastornos de salud.
Alergias de diversos tipos, complicaciones respiratorias y broncopulmonares, ciertas variedades de cáncer y otros males que afectan a los que viven en las localidades paraguayas de Puerto Paranambú, Carlos Antonio López y ciudades argentinas de la región radican su causa en el putrefacto universo contaminante que arrastra un olor insoportable.
A todo ello hay que sumar la muerte de la vegetación de los alrededores y la constante mortandad de peces, con lo cual se completa el panorama de criminal destrucción del ecosistema. Las fotos publicadas por nuestro diario ayer son evidencias inapelables de la agresión que las personas y la naturaleza sufren sin que hasta el momento se ponga coto a este atropello de gran magnitud.
Actualmente una parte de la población del vecino país, con el apoyo del gobierno del presidente Néstor Kirchner, protesta de manera vehemente por la contaminación que generarán papeleras que se construyen en suelo uruguayo. Desafortunadamente aquellos que, escandalizados, alzan la voz al cielo no tienen la misma actitud para frenar la violencia que empresas particulares que operan en sus dominios ejercen sobre habitantes del Paraguay e, incluso, de la misma Argentina. Ven la viga en el ojo ajeno, pero olvidan la paja que está en el suyo. Esto, con todas las letras, es sencillamente complicidad, cinismo e inhumanidad porque es imposible calificarlo de otro modo.
Los afectados directamente por la situación en el lado paraguayo no pueden quedarse con los brazos cruzados. Tienen que manifestarse, repudiar lo que sucede y exigir el cese de la polución ambiental.
La denuncia de la Secretaría del Ambiente, Seam, requiere la firme acción de la Cancillería Nacional. El tema necesita ser planteado como un acto de agresión a la soberanía paraguaya.
Después de una evaluación precisa por expertos en diversas disciplinas, el Gobierno paraguayo debe solicitar una indemnización. El dinero no reparará los daños ocasionados, pero será un mensaje para decir que a este tipo de conspiraciones contra la fraternidad del Mercosur hay que encontrarle un punto final.
Alergias de diversos tipos, complicaciones respiratorias y broncopulmonares, ciertas variedades de cáncer y otros males que afectan a los que viven en las localidades paraguayas de Puerto Paranambú, Carlos Antonio López y ciudades argentinas de la región radican su causa en el putrefacto universo contaminante que arrastra un olor insoportable.
A todo ello hay que sumar la muerte de la vegetación de los alrededores y la constante mortandad de peces, con lo cual se completa el panorama de criminal destrucción del ecosistema. Las fotos publicadas por nuestro diario ayer son evidencias inapelables de la agresión que las personas y la naturaleza sufren sin que hasta el momento se ponga coto a este atropello de gran magnitud.
Actualmente una parte de la población del vecino país, con el apoyo del gobierno del presidente Néstor Kirchner, protesta de manera vehemente por la contaminación que generarán papeleras que se construyen en suelo uruguayo. Desafortunadamente aquellos que, escandalizados, alzan la voz al cielo no tienen la misma actitud para frenar la violencia que empresas particulares que operan en sus dominios ejercen sobre habitantes del Paraguay e, incluso, de la misma Argentina. Ven la viga en el ojo ajeno, pero olvidan la paja que está en el suyo. Esto, con todas las letras, es sencillamente complicidad, cinismo e inhumanidad porque es imposible calificarlo de otro modo.
Los afectados directamente por la situación en el lado paraguayo no pueden quedarse con los brazos cruzados. Tienen que manifestarse, repudiar lo que sucede y exigir el cese de la polución ambiental.
La denuncia de la Secretaría del Ambiente, Seam, requiere la firme acción de la Cancillería Nacional. El tema necesita ser planteado como un acto de agresión a la soberanía paraguaya.
Después de una evaluación precisa por expertos en diversas disciplinas, el Gobierno paraguayo debe solicitar una indemnización. El dinero no reparará los daños ocasionados, pero será un mensaje para decir que a este tipo de conspiraciones contra la fraternidad del Mercosur hay que encontrarle un punto final.
Santiago Dugan Paraná Campaña Entre Ríos
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