Respecto a las contradictorias declaraciones del Presidente Municipal de San José de Feliciano, el Comité Departamental UCR, sostiene que, denunciar conductas delictivas a cualquier ciudadano que las hubiera cometido, y más aún siendo un funcionario público, es un deber inclaudicable de quienes queremos vivir en un estado de derecho.
Por todo esto, es que el Comité Departamental UCR, ya había realizado una denuncia pública en el mes de mayo respecto a la incriminación penal que tenía el Sr. Flores, en los Juzgados Federales de Paraná, Concepción del Uruguay y según versiones periodísticas también en Santa Fe.
Asimismo, apoyamos a los Concejales de la UCR que en reiterados pedidos de informe, presentados ante el Ejecutivo, han puntualizado situaciones de irregularidad rayanas a lo ilegal, como es por ejemplo: que el Intendente Viano entrega a particulares terrenos municipales y, ha cedido en comodato por diez años un predio que es destinado para uso recreativo de la comunidad de Feliciano, a un particular que explota la fumigación aérea, sin aprobación del Concejo Deliberante, como lo establece la Ley Nº 3001 Orgánica de los Municipios. Por eso creemos que este es un deber ineludible de la oposición en un estado democrático, y no la actitud de “una pata opositora o traviesa”.
Por todo esto, es que el Comité Departamental UCR, ya había realizado una denuncia pública en el mes de mayo respecto a la incriminación penal que tenía el Sr. Flores, en los Juzgados Federales de Paraná, Concepción del Uruguay y según versiones periodísticas también en Santa Fe.
Asimismo, apoyamos a los Concejales de la UCR que en reiterados pedidos de informe, presentados ante el Ejecutivo, han puntualizado situaciones de irregularidad rayanas a lo ilegal, como es por ejemplo: que el Intendente Viano entrega a particulares terrenos municipales y, ha cedido en comodato por diez años un predio que es destinado para uso recreativo de la comunidad de Feliciano, a un particular que explota la fumigación aérea, sin aprobación del Concejo Deliberante, como lo establece la Ley Nº 3001 Orgánica de los Municipios. Por eso creemos que este es un deber ineludible de la oposición en un estado democrático, y no la actitud de “una pata opositora o traviesa”.

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