En los próximos días, los buzones de Almagro, Belgrano o el centro de Córdoba —pero también los de San Pablo, Montevideo y Caracas— serán el escenario de una de las batallas institucionales más profundas de la Italia contemporánea. No se elegirán legisladores ni presidentes: se decide, ni más ni menos, qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa en las próximas décadas.
El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial. Para sus defensores, es el paso necesario para que Italia tenga una “justicia justa”; para sus críticos, representa un caballo de Troya para someter a los fiscales al poder político. En medio de este enfrentamiento está la comunidad italiana en América Latina que, muchas veces alejada del día a día de Roma, puede convertirse en la balanza que incline el resultado en este referéndum.
Para entender qué se vota conviene aclarar el lenguaje técnico. La reforma se apoya en tres cambios fundamentales que pretenden desarmar el modelo vigente, nacido en 1948 tras la caída del fascismo:
1) Separación de carreras: hoy, un magistrado italiano puede alternar funciones: ser fiscal (quien acusa) y luego juez (quien juzga). La reforma lo prohíbe de manera definitiva: quien opte por ser juez no podrá ser nunca fiscal, y viceversa. El objetivo declarado es garantizar la imparcialidad del juez, que no debería haber “pensado como fiscal” en ningún tramo de su carrera.
2) El sorteo del CSM: el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) es el órgano de gobierno de los jueces italianos: nombra, evalúa y disciplina a los magistrados. Hoy es uno solo. La reforma crea dos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, ya no sería elegido únicamente por votos entre pares, sino mediante un sorteo. La intención es romper con las facciones internas —las llamadas correnti—.
3) La Alta Corte Disciplinare: se propone crear un tribunal externo encargado de juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, desplazando esa potestad del CSM.
El debate trasciende a los partidos y moviliza a todo el ecosistema jurídico italiano. En la campaña del SÍ, además de la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), el respaldo más entusiasta proviene de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que agrupa a los abogados penalistas). Para ese sector, la reforma salda una deuda histórica: el abogado defensor dejaría de ser el “pariente pobre” del proceso y se enfrentaría a un fiscal que no comparta el mismo gremio que el juez.
Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país. La ANM sostiene que la reforma persigue “domesticar” a la justicia y fracturar la unidad de la magistratura, clave para investigar al poder en las últimas décadas. A ese bloque se suman los partidos de centroizquierda (Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra) y buena parte de la academia jurídica, que considera el sorteo del CSM un experimento arriesgado y sin precedentes en las democracias occidentales.
Para el lector latinoamericano, la “separación de carreras” puede sonar familiar. En Argentina o Brasil, el Ministerio Público ya está separado del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué en Italia provoca tanta controversia?
“No hay ningún país en el mundo que tenga el modelo italiano actual. Cualquier modelo, incluido el argentino, es un modelo a seguir. Necesitamos que Italia se aggiorni”, explica a este medio Claudio Zin, ex senador de Italia y referente del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), aliado del gobierno de Meloni. Para Zin, se trata de una cuestión de transparencia: “Separar la investigación y la acusación de la garantía de la sentencia es básico en cualquier división de poderes”.
En cambio, desde la vereda opuesta, el diputado por la circunscripción de América del Sur, Fabio Porta (Partido Democrático), sostiene que el argumento de la “modernización” es una cortina de humo. “Cada sistema es fruto de su historia. En Italia, los datos dicen que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Es una excepción rarísima. Decir que esta reforma es para separar lo que ya está de hecho separado es difícil de justificar”, dispara Porta. Según él, el verdadero objetivo es debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos “permeables al Ejecutivo”.
Aquí entra la mirada académica de Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, radicado en Córdoba y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), un libro que indaga precisamente los vínculos históricos entre la política y la magistratura en Italia. Para Fracanzani, la reforma no se da en el vacío sino en un contexto global de retrocesos democráticos.
“En Hungría —quizás el caso más citado— los gobiernos de Viktor Orbán redujeron la independencia de los jueces mediante reformas institucionales. Algo similar ocurrió en Polonia”, advierte Fracanzani. El experto subraya que el riesgo no está sólo en el texto de la reforma, sino en lo que habilita después: “La creación de dos órganos distintos permite que, a través de leyes ordinarias, se adopten reglas que introduzcan algún nivel de control sobre los fiscales”.
Fracanzani recuerda que la tensión entre la derecha italiana y la justicia no es nueva; viene desde el escándalo de Mani Pulite y los años de Silvio Berlusconi. “El sistema de 1948 garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”, sentencia.
Frente a la advertencia sobre una posible “hungarización” de la justicia, Claudio Zin defiende una visión opuesta. Para el ex senador, la creación de dos consejos separados no conduce al control político, sino que asegura mayor transparencia para el ciudadano común. “Esta nueva estructura evita la concentración del control de la justicia en una sola mano”, afirma Zin. Además, califica de “ingenuo” el argumento de que la reforma transformará a los jueces en peones del oficialismo: “Pensar que a partir de esta reforma las togas van a ser todas de derecha es un planteo muy básico. Los jueces y fiscales van a seguir manejando la gran mayoría del espacio de poder, sus carreras y concursos. La participación política seguirá siendo mínima”, asegura.
Uno de los aspectos que más desconcierta a los analistas es la idea de seleccionar por sorteo a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Según la lógica del gobierno de Meloni, el azar es el único método capaz de dinamitar el sistema de las correnti (las facciones internas que han dominado la justicia italiana durante décadas). Al dejar la elección librada a un bolillero, el argumento oficial sostiene que se elimina de raíz la posibilidad de que los partidos —de cualquier signo— negocien en las sombras y designen “a dedo” a sus favoritos en el órgano que debe vigilarlos.
Para Zin, el sorteo viene a “aclarar sospechas” y a evitar que la ciudadanía perciba las decisiones con connotación política. Para Porta, en cambio, es una trampa matemática: “Si pones a personas elegidas al azar, que no se conocen entre sí, frente a un tercio compacto elegido por la política y la mayoría parlamentaria, es obvio que ese tercio terminará teniendo una influencia desproporcionada”.
A diferencia de otros referéndums italianos (como los que buscaron derogar la ley del aborto o el divorcio), esta consulta es de carácter constitucional. Y aquí reside la clave para los ciudadanos en el exterior.
Miguel De Luca, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y experto en sistemas electorales, explica la diferencia crucial: “En el referéndum abrogatorio se necesita que vote más del 50% del padrón (quórum) para que sea válido. En el constitucional, no hay quórum. La reforma se aprueba si los ‘Sí’ son más que los ‘No’, sin importar cuánta gente vaya a las urnas”.
Eso convierte al millón de italianos en Argentina en un actor central. “El voto en el exterior puede ser determinante. Primero por la dimensión del electorado: equivale al de varias regiones de Italia. Segundo, porque históricamente estas votaciones se han resuelto por un puñado de votos”, explica De Luca a Infobae. El académico recuerda que, de los últimos cuatro referéndums constitucionales en Italia, dos fueron rechazados por la ciudadanía pese a contar con mayoría en el Parlamento.
Para muchos italianos en América Latina, la justicia parece algo lejano hasta que llega el momento de tramitar una ciudadanía o de enfrentar un juicio sucesorio.
Fabio Porta vincula ambos temas de forma directa: “La gran mayoría de los jueces cree que este sistema no debe cambiarse así. No es algo abstracto: la justicia es la que hoy corrige las leyes equivocadas del Parlamento, como cuando las mujeres antes de 1948 no podían transmitir la ciudadanía. Si debilitamos la justicia, debilitamos nuestra última garantía como italianos en el exterior”.
Porta también llama a emplear el voto como una señal política contra el gobierno de Meloni, especialmente tras el decreto que impuso restricciones para obtener la ciudadanía: “Votar ‘No’ es responder a un gobierno que nos ha maltratado con las nuevas leyes de ciudadanía”.
Frente a esa postura, Claudio Zin descarta que la reforma pueda entorpecer los trámites que preocupan a la comunidad en Argentina. Para el referente del MAIE, son asuntos distintos que no deben mezclarse en el debate. “Para los italianos residentes en el exterior, el cambio en la justicia italiana no debería afectarnos ni favorecernos en absolutamente nada”, asegura Zin, quien afirma que los procesos de ciudadanía o sucesiones no se verán alterados por la nueva estructura judicial. “El tema de la ley de ciudadanía es otro camino, otra historia, y no tiene nada que ver con este referéndum. Lo que está en juego aquí es el compromiso con la madre patria y demostrar que, aunque no paguemos impuestos allá, tenemos una participación activa en su vida política”, concluye.
Desde el plano institucional, Darío Signorini, presidente del Comites de Buenos Aires, mantiene una neutralidad técnica pero hace un llamado urgente a la participación. “Debo incidir para que los connacionales participen activamente. Es una forma de mostrarle a Italia que la ‘otra Italia’, la del exterior, tiene tanto compromiso como la de la península por los cambios que se están generando”, afirma.
Por su parte, Fabio Porta coincide en que una alta afluencia enviaría un mensaje contundente a Roma. “Sería un gesto de gran civismo para demostrar que nuestra sensibilidad y participación puede ser igual o incluso superior a la de los italianos en la península”, señala el diputado, que interpreta el voto como una manera de reivindicar la importancia de los ciudadanos en el exterior frente a los intentos de relegarlos a una categoría de “segunda serie”.
Claudio Zin refuerza esa idea desde el compromiso cívico: “Necesitamos que más del 30% de los ciudadanos de Argentina voten para demostrar que, si bien no somos contribuyentes en Italia, tenemos una participación activa en su vida política”.
La justicia italiana, que según Zin hoy es “un acto de fe” por sus demoras, está en una encrucijada. Los sobres ya están en camino. En un sistema sin piso de participación, el silencio de los que no voten será, quizás, el grito más fuerte de este referéndum.
Calendario diferenciado: mientras que en Italia la votación se realizará de manera presencial el domingo 22 y lunes 23 de marzo, para los ciudadanos en el exterior el proceso es enteramente anticipado y postal.
¿Cómo se vota? Se vota por correo postal. El sobre con la boleta y el cupón electoral debe recibirse en el domicilio antes del 4 de marzo. De no ser así para el 8 de marzo, se debe tramitar un duplicado en la sede consular respectiva. Para emitir el voto: marcar la opción elegida (SÍ o NO), colocar la boleta en el sobre blanco pequeño (sin inscripciones externas) e introducir este último —cerrado— junto con el cupón en el sobre de envío con franqueo pago. Puede remitirse gratuitamente por vía postal o entregarse de manera presencial en el Consulado.
Fecha Límite: El sobre debe llegar al Consulado de referencia antes del jueves 19 de marzo a las 16:00 hs.
La Pregunta: ¿Aprueban el texto de la ley de revisión de los artículos 87, párrafo décimo, 102, párrafo primero, 104, 105, 106, párrafo tercero, 107, párrafo primero, y 110 de la Constitución, aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del 30 de octubre de 2025 con el título “Normas en materia de ordenamiento jurisdiccional y de institución de la Corte Disciplinaria?”.
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