De la redacción de INFORME DIGITAL
La investigación por el presunto plan narco para asesinar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candiotti sumó un dato de alto impacto institucional: el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó públicamente que él también estaba en la lista de objetivos.
Hasta ahora, la causa judicial se centraba en un supuesto complot gestado desde una unidad penal para atentar contra los dos funcionarios que intervienen en causas sensibles vinculadas al narcotráfico en la provincia. Sin embargo, en declaraciones reproducidas por medios nacionales, Roncaglia sostuvo que también figuraba entre los blancos.
“Habían hecho inteligencia sobre nosotros tres y sabían muchas cosas privadas”, afirmó el ministro al referirse a los datos aportados por internos de la Unidad Penal Nº 9.
La interna narco y la denuncia
Uno de los ejes que analiza la Justicia Federal es el origen de la denuncia. Según trascendió, la información habría surgido a partir de acusaciones cruzadas entre Daniel “Tavi” Celis —condenado en causas federales por narcotráfico— y Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lo que dice el archivo
En ese contexto, la hipótesis que circula en ámbitos judiciales y periodísticos es la de una interna o vendetta entre narcos, donde uno habría expuesto al otro, permitiendo que el supuesto plan llegara a conocimiento de las autoridades. La Justicia deberá determinar el grado de veracidad de los testimonios y si existió un avance operativo concreto para ejecutar los atentados.
Conmoción y medidas de seguridad
La revelación generó fuerte repercusión nacional y respaldo institucional a los funcionarios mencionados. Se dispusieron custodias personales, allanamientos con secuestro de teléfonos celulares y estupefacientes, refuerzo de controles en unidades penales y el aislamiento del principal implicado.
Con la confirmación de Roncaglia de que él también estaba en los planes, el caso adquiere una dimensión política mayor, al involucrar directamente al responsable provincial de la política de seguridad.
El ministro sostuvo que no minimizará la amenaza y que el Estado actuará con firmeza frente a cualquier intento de intimidación vinculado al narcotráfico.
La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá establecer responsabilidades y determinar si el presunto complot superó la etapa de planificación.
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