Cuánto cobran desde este mes los ministros y secretarios nacionales tras aumentos después de dos años de congelamiento

• Ministros:
  • Salario previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000
• Secretarios:
  • Salario previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000

El ajuste, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 y se cobra en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto a los valores previos, según el cálculo sobre incrementos paritarios estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y sólo alcanzan a ministros, secretarios y otras autoridades superiores, quedando excluidos Milei y Villarruel.

Estos ajustes fueron oficializados a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre.

En los considerandos, el texto señala que Argentina “enfrenta el desafío de construir un sistema de empleo público basado en la transparencia, meritocracia y desempeño”, con el objetivo de contar con “un cuerpo de empleados públicos profesionales y calificados”.

En ese marco, plantea que resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional cuenten con “un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

Asimismo, sostiene que “un esquema de Autoridades Superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas”, combinado con “mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas”, contribuye a fortalecer “la integridad institucional del Estado nacional”.

A partir de ese diagnóstico, el texto indica que, “teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración”, corresponde avanzar en “un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional”, aclarando que esa medida se adopta “sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.

También remarca que el ordenamiento de las remuneraciones se inscribe “en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público” y forma parte de “una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.

Finalmente, subraya que este ordenamiento “constituye una medida necesaria pero no aislada” y que debe entenderse como parte de “un proceso de transformación del Estado nacional” destinado a dejar atrás “un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.

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