La fase dos tenía que ver con el régimen simplificado de Ganancias. El mismo estaba pensado para personas residentes -los no residentes quedaban afuera- sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes no eran contemplados (el proyecto de ley delimitaba el universo: podrán entrar los que tengan ingresos totales anuales por hasta $1000 millones y quienes no tengan $10.000 millones de patrimonio). El objetivo era que los aproximadamente 5 millones de monotributistas y trabajadores informales formalicen su patrimonio (ARCA no pudo indicar cuántos de esos más de 12.000 que ya se sumaron al sistema eran antes monotributistas).
Quien se adhería al régimen de ganancias simplificadas tendría por ley una especie de tapón fiscal (no mirarán su variación patrimonial ni sus consumos) y, explicaba el Gobierno entonces, podrían aprovechar al máximo el renacimiento, hoy en desaceleración, del crédito.
Una vez adherido el contribuyente al nuevo sistema, el régimen simplificado de ganancias calcularía el pago que tiene que hacer la persona -este lo podría visualizar y rectificar-, se generaría un VEP (volante de pago) y al pagar, según la modificación que incluye el proyecto por ley no tratado, habrá un efecto liberatorio más allá de la variación patrimonial existente. La fiscalización de ARCA, afirmaron entonces, se limitaría sólo a la última declaración jurada presentada.
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