El bloque Más Para Entre Ríos
presentó un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria en la provincia de
Entre Ríos, con el objetivo, según remarcaron, de establecer políticas y
estrategias que garanticen el derecho a la alimentación y la seguridad
alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad.
Mediante un comunicado que
arribó a la redacción de INFORME DIGITAL, los legisladores hacen hincapié en
que el país y la provincia atraviesan un contexto de crisis social y económico
que genera un agravamiento de la situación alimentaria, por lo que consideran
imprescindible garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes,
y especialmente de los sectores más vulnerables.
Los representantes del PJ en la
Cámara Baja provincial sustentan esta iniciativa atendiendo el planteo de
diversas instituciones y organizaciones sociales que reclaman la declaración de
la Emergencia Alimentaria en la Provincia y la provisión de mayores recursos
del Estado para hacer frente a la demanda de alimentos de los sectores
empobrecidos, según enfatizaron: “En defensa del derecho humano a la
alimentación”.
En este marco, los legisladores
justicialistas impulsan el inmediato tratamiento del proyecto, que hasta el
momento no se cuenta dentro de otras declaraciones de emergencia que propuso el
Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo que detallaron,
esta propuesta busca sancionar una ley integral, y en este sentido, contempla
también la creación de un Registro Provincial de Comedora y la conformación de
la Mesa de Diálogo Social, con la participación de las organizaciones de la
sociedad civil que brindan asistencia alimentaria, para garantizar la
efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia.
Las organizaciones nucleadas en
la Mesa Contra el Hambre participaron de la elaboración de la iniciativa
presentada en la Cámara baja.
Así, los integrantes del bloque
opositor señalaron: “Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es una
política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un
privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para al
acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación y al pleno
desarrollo integral”,
“Las políticas públicas de
seguridad alimentaria y nutricional no son gastos, son inversiones éticas,
estratégicas e inteligentes del Estado Nacional y Provincial. Por esto resulta
también necesario promover programas de
producción, comercialización y acceso a precios justos a los productos de la
Canasta Básica Alimentaria, y de fortalecimiento de las asociaciones de
consumidores de alimentos saludables, entre otras acciones”, agrega el texto.
Cabe destacar que el marco
jurídico internacional, nacional y la Constitución Provincial dan el encuadre
al proyecto de Ley que pretende declarar la emergencia alimentaria por un año,
prorrogable por un año más por la Legislatura.
De esta forma, el Poder
Ejecutivo dispondrá de diversas medidas y herramientas para lograr por todos
los medios apropiados la efectividad del derecho a la alimentación, sin
perjuicio de los otros programas ya existentes en materia de política
alimentaria.
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