La Corte Suprema de Justicia de la
Nación hizo lugar a una acción de amparo promovida por los padres de un joven
con discapacidad para que la obra social demandada le cubra en forma integral
el tratamiento terapéutico alternativo con aceite de cannabis. De este modo, Iosper deberá garantizarle la provisión de la medicina al menor según la prescripción de su neurólogo.
El caso se inició en Entre Ríos donde
la justicia local rechazó el pedido de los padres del joven quienes habían
demandado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y
en subsidio contra la provincia con la finalidad de obtener la cobertura
médica y farmacológica integral, ininterrumpida y en un 100 por ciento del
tratamiento.
Iosper deberá garantizarle la provisión del producto cuyo nombre comercial es “Charlotte’s Web 5000 every day avanced”, que fue indicada por el neurólogo del menor para tratar la epilepsia refractaria.
Esta alternativa terapéutica consiste
en el uso del aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria que
padece el menor según las indicaciones de su neurólogo.
La Obra Social deberá cubrir el tratamiento del menor.
En el fallo -que lleva las firmas de
los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos
Rosenkrantz- el Máximo Tribunal se refirió en primer lugar al dictado del
decreto 883 del año 2020 por el que se aprobó la reglamentación de la ley para la
investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo
del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Con
este antecedente jurisprudencial del Máximo Tribunal, sumada la normativa que
surge del decreto reglamentario de la ley para la investigación médica y
científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, tanto
las obras sociales como el Estado deberán dar cobertura para este tipo de
tratamientos.
Teniendo en consideración esa
circunstancia y marco normativo, los jueces concluyeron que las obras sociales
deben brindar la cobertura para la adquisición de los derechos de la planta de
cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia
letra del citado decreto reglamentario.
En ese sentido, la Corte remarcó que,
con los alcances definidos por las disposiciones vigentes, no caben dudas de
que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la
prestación requerida.
Fallo del Máximo Tribunal de Justicia.
Qué dice la Ley
El decreto 883 -que reglamenta la ley-
se dictó mientras el caso estaba en trámite ante el Máximo Tribunal y en uno de
sus artículos se establecen los objetivos del Programa Nacional para el estudio
y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y
tratamientos no convencionales.
Entre ellos menciona expresamente
“Implementar medidas para proveer en forma gratuita por parte del Estado,
derivados de la planta de Cannabis para aquellas y aquellos pacientes que
cuenten con indicación médica con cobertura pública exclusiva. En caso
contrario, la cobertura deberán brindarla las Obras Sociales y Agentes del
Seguro de Salud del Sistema Nacional, las demás obras sociales y organismos que
hagan sus veces creados o regidos por leyes nacionales, y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga, todo conforme la normativa
vigente.”
Además, la norma prevé que “los y las pacientes
que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados
podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar
especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o
adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras
presentaciones que en el futuro se establezcan. Aquellas personas que, además,
no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma
gratuita, conforme la presente Reglamentación.”
En el fallo, la Corte aclaró también
que la solución propuesta por la normativa vigente respeta el mandato
constitucional de un particular deber de cuidado respecto de las personas con
discapacidad, especialmente desde la reforma de 1994, con la incorporación con
jerarquía constitucional de la “Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”.
En ese sentido, recordaron los
ministros que en ese instrumento internacional los Estados se comprometen a
asegurar “a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás
personas…” y proporcionar “servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad”.
Asimismo, la Corte Suprema destacó los
progresos del paciente los que resultan consistentes con los estudios
científicos realizados sobre la efectividad del aceite de cannabis en el
tratamiento de la epilepsia refractaria, reconocida incluso por la auditora de
la obra social demandada.
En este caso concreto -señala el
fallo- en ninguna instancia estuvo discutido que, luego de un año de
tratamiento, el uso del aceite de cannabis por parte del joven, produjo mejoras
sustanciales en su estado de salud y en su calidad de vida. En efecto, “no solo
redujo notablemente sus convulsiones, sino que -además- mejoró su alimentación,
movilidad, control de esfínteres, postura, atención, interacción e incluso
comunicación con el entorno, lo que implica una adquisición y restauración de
aptitudes e intereses para lograr su integración social.”
El presidente del STJ, Horacio Rosatti, -en voto
concurrente- llegó a la misma solución con similares fundamentos.
De esta manera, con este antecedente
jurisprudencial del Máximo Tribunal, sumada la normativa que surge del decreto
reglamentario de la ley para la investigación médica y científica del uso
medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, tanto las obras sociales
como el Estado deberán dar cobertura para este tipo de tratamientos en aquellos
pacientes que cuenten con esa indicación médica.
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