Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry firmaron la resolución
del legajo en el que se investiga el desfalco de mil millones de pesos durante
una década (2008-2018) en el seno de la Legislatura. Ahora deberá resolver la
jueza Marina Barbagelata si finalmente la eleva o rechaza la petición.
La sustracción de dinero público a través de contrataciones en las que
los contratantes en algunos casos ni siquiera tenían asignada una
contraprestación y, en otros, no cobraba el dinero, llevará al
banquillo al escalón más bajo de la supuesta asociación ilícita que contó,
incluso, con estudios contables externos.
Los imputados representan a la escala más baja en la estructura delictiva que, durante una década, sustrajo de un ámbito político mil millones de pesos. Un robo de semejante magnitud, en un ámbito meramente político, no
cuenta con un sólo dirigente imputado.
La investigación no indagó sobre un recorte que se hizo en la
pesquisa, donde en la Cámara de Diputados se obvió el período 2008-2011
presidido por Jorge Busti. Pese a haber aparecido un acta -revelada
oportunamente por Página Judicial – que indica que no había información sobre
el gasto de esos años.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni;
La Procuración General a cargo de Jorge Amilcar García y Cecilia
Goyeneche finalmente cumplió con lo prometido a los sectores de la prensa donde
canalizan sus ideas. Esto es la elevación de la causa con los imputados de
menor jerarquía en la estructura que se construyó para el saqueó al Estado.
La causa se inició el 20 de septiembre de 2018 cuando policías
avispados vieron un movimiento raro en un cajero del Bersa. Lo anómalo era a
personas con varias tarjetas de débito, que luego se dieron en llamar en la
jerga tarjeteros. Lo sucedieron
allanamientos y la recolección de documentos. La evidencia sobre el delito es
abundante.
Los fiscales Yedro y Aramberry imputaron a Flavia Marcela Beckman,
Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y
sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de
uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia
tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo
Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su
cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de
Aguilera).
Todos estos pasaron una temporada por la Unidad Penal de Paraná en el
2018, hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año primaron los derechos
humanos y la prisión pasó a ser una excepcionalidad que debe cumplir la
existencia de causales concretas.
Los otros imputados, pero sobre quienes no recayó la prisión
preventiva en todo el proceso, fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso
(empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y
el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes
del otro estudio contable).
Los fiscales Aramberry y Yedro.
En los primeros meses de la causa hubo mucho ruido y se prometían también
muchas nueces, pero todo se fue apagando con el tiempo. El entusiasmo y el
fervor se empantanó para siempre cuando se conoció, sobre el fin de año del
2018 mismo, que el contador Opromolla tenía una propiedad con quien llevaba la
investigación: la procuradora adjunta Goyeneche.
La protección mediática no fue suficiente, a lo que se sumó un embargo
que reveló que no era una sino dos propiedades las que tenía con el contador
Opromolla, que brindó servicios a la Cámara de Diputados a instancias de Urribarri,
cuando presidió el cuerpo.
El allanamiento al estudio Integral Asesoría no tiene desperdicios si
de chismes se tratara. Ese buffet llevaba las cuestiones contables a
personalidades de la comunidad judicial.
Fuente: Página Política y Entre Ríos Ahora.
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