POLíTICA

Conflicto de poderes por límites a la reforma

El Colegio de Abogados de Entre Ríos expresó su rechazo ante la pretensión del Ministerio Público Fiscal de limitar la ley en los delitos de violencia de género y abuso sexual.

Conflicto de poderes por límites a la reforma

El Colegio de Abogados

de Entre Ríos (CAER) salió a defender la ley de
Juicio por Jurados, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pretende reformar
limitando su alcance en los delitos de violencia de género y abuso sexual. 
“Rechazamos cualquier intento directo o soslayado
de planteos de inconstitucionalidad de la norma”, indicaron.

El CAER expresó su
preocupación ante la instrucción general 02/2020 del Ministerio Público Fiscal
que objetó algunos artículos de la ley de Juicio por Jurados, sancionada por la
Legislatura por unanimidad y con el aporte previo de la comunidad judicial y
especialistas de la materia.

El procurador general, Jorge Amílcar Luciano
García, decidió excluir los delitos de violencia de género y abuso sexual del
sistema de jurados populares.

“Como impulsores de pre proyectos y conspicuos
participantes del proceso de sanción de la ley que nos rige en la actualidad,
bregamos por la plena vigencia de la norma que fue oportunamente ampliamente
debatida en encuentros provinciales, foros y en ambas cámaras de la
Legislatura”, sostuvo el Colegio en un comunicado.

Lo que dice el archivo

“El texto legal contiene los resortes necesarios
para garantizar la tutela judicial efectiva tanto a la víctima como a quien
debe ser juzgado – agrega el texto-, garantizando de esta forma todos los derechos
de raigambre constitucional y de pactos internacionales incorporados por la
Constitución Nacional y leyes de nuestro país”.

Lo que dice el archivo

Como institución colegial pionera en la provincia
en la provincia en proponer la implementación del Juicio por Jurados – manifestaron
–  “rechazamos cualquier intento directo
o soslayado de planteos de inconstitucionalidad de la norma, o limitaciones a
distintos tipos delictivos que por la pena que les corresponde están
comprendidos en el texto legal y procederemos en derecho dentro de las
facultades que poseemos a su defensa, porque estamos convencidos y
comprometidos a que la democratización del proceso penal con la participación
directa de la ciudadanía jerarquizan nuestra sociedad y colocan a nuestro
sistema judicial como adelantados en el país, cumpliendo así con la manda
constitucional vigente desde 1.853”.

Fuente: Página Política.

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