Ahora no le pagan a sus propios abogados

Hay un comentario, extendido y probado en la provincia de
Entre Ríos, que la familia Etchevehere tiene por costumbre no pagar. No pagar a
los trabajadores de sus empresas, no pagar a sus proveedores, no pagar a sus abogados
y una larga lista de etcéteras; no pagar.

Dolores Etchevehere no pudo haberlo dicho mejor, en la
denuncia que presentó contra su madre y sus hermanos por haberla despojado
completamente de sus derechos hereditarios: “Tienen la mala costumbre de no pagar
sus deudas”.

Ahora se dispuso el embargo de las cuentas bancarias de Juan
Diego Etchevehere y los herederos de su padre, Luis Félix Etchevehere, por una
deuda de honorarios a los abogados que intervinieron en la causa por la
usurpación de una porción de 65 hectáreas perteneciente a la ex estancia Los
Quebrachos, que arrendaba el productor agropecuario José María Morcillo, hasta
que fue expulsado por los demandados.

La causa se resolvió con una probation para Juan Diego
Etchevehere y una indemnización para el productor agropecuario por los daños y
perjuicios ocasionados, pero trece años después los abogados todavía no han
podido cobrar los honorarios que con intereses suman 1.326.075 pesos, según
pudo saber Página Judicial.

La ejecución fue promovida tanto por los representantes de
Morcillo como por los defensores de los Etchevehere, y la justicia dispuso esta
semana el embargo de las cuentas de Las Margaritas SA, el conglomerado
productivo de la familia, a raíz de que han rehusado efectivizar el pago de los
honorarios. De hecho los Etchevehere ni siquiera abonaron los honorarios a los
abogados que los representaron ni al perito que intervino en esa causa.

La historia se remonta al año 2007, cuando los Etchevehere,
a través de Las Margaritas SA, compraron esa porción de campo que había
pertenecido al ex Frigorífico Regional Santa Elena y en ese momento estaban en
posesión de la Escuela Agrotécnica Paraje Quebracho.

Esa operación fue, por lo menos, polémica. El gobernador
Gustavo Bordet anunció recientemente que investigará si la venta de esas
tierras se hizo a un valor inferior al que tenían en ese momento -durante el
tercer mandato de Jorge Busti- y si la familia Etchevehere después se apropió
de otra porción del campo de manera ilegal.

En 2005 Morcillo había firmado un contrato de arrendamiento
con el entonces director de la escuela, que se extendería hasta el 31 de mayo
de 2010. Pero un día de 2007, el productor agropecuario llegó hasta el campo,
como lo hacía casi a diario para controlar la evolución de su cultivo de lino,
y se encontró con candados y cadenas en los accesos. Unos días después ya se
habían instalado tres personas que cargaban escopetas al hombro y, en tono
amenazante, le dijeron que el campo era de Etchevehere y que se retirara.

Un escribano constató además que una vez que se apropiaron
del campo, Luis Félix Etchevehere y su hijo Juan Diego destrozaron el sembrado
de lino que había realizado Morcillo, romeándolo y trabajando encima con
tractores.

El hecho motivó dos procesos judiciales: uno destinado a que
los responsables de la usurpación y daño de los cultivos sean sancionados
penalmente y otro a que Morcillo reciba una compensación por las pérdidas
ocasionadas.

La causa penal terminó en una suspensión del juicio a
prueba, en el medio del cual Luis Félix Etchevehere falleció y su hijo Juan
Diego aceptó pagar 3.000 pesos en concepto de reparación por el daño causado;
cumplir tareas no remuneradas como abogado de las personas que concurrían a un
centro de integración comunitaria de la Municipalidad de Paraná durante dos
horas semanales y por un lapso de dos años; y hacer un aporte mensual de cien
litros de combustible para la ambulancia del Hospital de Santa Elena.

En la demanda civil, en 2019, la justicia condenó a los
Etchevehere a pagarle a Morcillo una indemnización de 367.049,14 pesos más
intereses. “Ni el carácter de dueña ni mucho menos el de compradora, autorizaba
a Las Margaritas ni a ninguno de sus socios, representantes o empleados a
turbar la tenencia de Morcillo”, dijo el juez. La sentencia también determinó
que los Etchevehere debían pagar las costas del proceso y los honorarios a los
profesionales que intervinieron en el proceso. Pero ni los representantes de
Morcillo, ni el perito ni sus propios abogados pudieron cobrar.