Según informes periodísticos, Patricia Díaz, ex diputada provincial, actual concejal de Juntos por Santa Elena y esposa del intendente local, Domingo Daniel Rossi (quien está transcurriendo su quinto período en el cargo), adquirió bonos en el exterior a través de distintos y por más de 900 mil dólares, lo que a valor blue actual totalizaría caso 170 millones de pesos.
Según dichas versiones, que obrarían en expedientes tramitados en el Ministerio Público fiscal de la provincia en una causa por enriquecimiento ilícito que lleva varios años, Díaz no habría declarado tal patrimonio ante el organismo recaudador nacional, lo que habría motivado otra investigación de la Unidad de Información Financiera).
La actual edil santaelenense realizó un descargo mediante un comunicado de prensa en el que asegura y muestra pruebas de que no existirían tales operaciones. El correo de Díaz difunde una copia de los informes que obran en fiscalía desde
febrero de 2020.
En los mismos, asegura, “claramente el banco manifiesta que me encuentro
ligada al banco desde 2002 y desde 2007 por lo menos y hasta le fecha no he
realizado ningún depósito de dinero”.
Díaz afirmó que “la causa se caerá por su propio peso, pero que en el medio han hecho un daño enorme a mí y a mi familia”
A la vez, según el descargo de la concejal, “el mismo banco ya ha dado cuenta en la fiscalía que no hubo
nuevas adquisiciones en 2009, 2010 o 2014. Ya en 2016 cuando se inició la causa
se hablaba de montos que el mismo Banco Central de la República Oriental del Uruguay
ha desmentido en sus informes de todos los bancos y entidades financieras”.
La esposa de Daniel Rossi asevera que “del informe del banco surge claro cuál era mi situación
patrimonial antes de ingresar a la función pública y que nunca hubo depósitos
de dinero sino que hay unos ahorros históricos que son renovados
periódicamente, y que poseo desde antes de asumir cualquier cargo público”.
“Sé que saldré indemne, aunque en el medio deba tener que dar
explicaciones sobre hechos que no cometí”, advirtió la edil entrerriana.
Finalmente, profundizando el tono político, expresó que en su caso “no hay principio de inocencia, no hay respeto ni nada, solo
un afán de distraer a la gente de sus problemas cotidianos y disimular el rol
que han tenido en causas que recientemente han resonado y demostrado la vara
con que opera la justicia de Entre Ríos”.
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