POLíTICA

Ahora tendrán que declarar por estafa

Los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere, junto a su madre Leonor Barbero, fueron citados a indagatoria en la causa que les investiga, por una denuncia de Dolores, por desmanejos financieros y vaciamiento de El Diario.

Ahora tendrán que declarar por estafa

El titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Ríos, citó
a declaración indagatoria al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri,
Luis Miguel Etchevehere, en el marco de una causa por estafa que se abrió en
2011 a partir de la denuncia presentada por su hermana Dolores Etchevehere.

El magistrado también citó a indagatoria a la madre del
exministro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y a los otros dos hermanos,
Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Luis Miguel Etchevehere fue citado para el 18 de noviembre,
a las 10; sus hermanos Arturo Sebastián, para el 19; Juan Diego, para el 24; y
la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, para el 26 de
noviembre.

También fue citado el empresario santafesino Walter Grenón,
dueño de Red Mutual, que tuvo parte de las acciones de Sociedad Anónima Entre
Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario.

Grenón ingresó a El Diario en
2010, cuando los hermanos Ivar y Arturo Roosvelt Etchevehere venden su parte,
un año después de la muerte de Luis Félix Etchevehere, último director del
matutino con apellido Etchevehere.

Grenón está citado a indagatoria para el próximo 2 de
diciembre, también a las 10. En tanto, Germán Buffa, implicado en la causa por
distribución de publicidad amañada durante el gobierno de  Sergio Urribarri -su causa se incorporó al
megajuicio que todavía está sin fecha y que sentará en el banquillo al
gobernador-, que fue parte del directorio de SAER, fue citado para el 9 de
diciembre. Y Luis Alberto Guevara, un personaje
menor en el manejo de El Diario, irá a indagatoria para el 21 de diciembre. En
la lista también figura Viviana Grenón, citada para el 30 de noviembre.

Desde 2011 hasta ahora los Etchevehere nunca fueron
indagados, aún cuando el Ministerio Público Fiscal había impulsado esa
declaración. La causa estuvo primero en manos de la jueza Susana María Paola
Firpo, después de Pablo Zoff, y ahora de Carlos Ríos.

Según consignó Entre Ríos Ahora, la causa se inició por una
denuncia de Dolores Etchevehere. La carátula fue por estafa, aunque
a la causa después se agregó un ítem peculiarísimo: el de vaciamiento de la
empresa editora de El Diario a partir de una investigación que hizo hasta 2018
el entonces fiscal y hoy juez de juicio Alejandro Cánepa.

Un dictamen que firmaron en 2018 los fiscales Alejandro
Cánepa y Viviana Ferreyra resume el andamiaje de la estafa que denunció Dolores
Etchevehere y los resultados de la pesquisa de Cánepa sobre el vaciamiento de
El Diario.

Se les atribuye a
Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo
Sebastián Etchevehere y Juan Diego
Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su
carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado
préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los
que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S
50.000), a tasa subsidiada y con el fin preciso de
ser destinados a actividades productivas.

“En lugar de ello”, dice la fiscalía, “fueron
distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines
personales y distintos del solicitado al Banco. La devolución de tales créditos, por
parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa
del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la
sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago
diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa”.

Por lo tanto, “mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el
valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los
Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso
perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió
destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación
Argentina por un monto total de $900.000, y también a tasa subsidiada, para afrontar una situación de
emergencia agropecuaria para pequños productores – para saldar las cuotas
pendientes de los créditos del Itaú”.

Según la investigación los Etchevehere, “obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y
administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco
Nación fueron destinados a sus fines y destinos específicos
y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros
objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido”.

el vaciamiento patrimonial
denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad (…) Contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se
repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú,
también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la
denunciante (Dolores) no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de
compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos
inmuebles de propiedad de SAER (la empresa que era propietaria de El diario), con el objetivo de desapoderarla o, como
comúnmente se dice, ´vaciarla´”.

 “La operación de
vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER,
sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes,
entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente”, advierte la presentación judicial.

El mecanismo detectado por la fiscalía es el siguiente: “por
cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por  una mutual que hacía de prestamista, y un
cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos
cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba
los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos”.

“El dinero volvía a su ´dueño´ – u original
prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad),
que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su
Directorio”, concluyeron los fiscales.

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