El Poder Judicial de Entre Ríos se sumerge, hacemeses, en una crisis sin precedentes. Un ministro de la Superior Tribunal deJusticia denunció connivencia entre sectores políticos, judiciales y de laprensa para manipular causas de corrupción y ahora fue denunciado por violenciade género por otra integrante de la Corte provincial. Una serie de episodiosque se manejaban al interior de la comunidad judicial saltó el cerco paraexplicitarse ante el gran público.
El primer salto ocurrió cerca del mediodía del domingo 1º dediciembre, cuando el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia(STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón , viralizó un duro mensaje en clave dedenuncia a través de WhatsApp.
“No cambio favores que no corresponden por cargos nipoderes; y mucho menos para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien(y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticosenriquecidos”, escribió en su teclado el juez. Y agregó: “Jamás meentregaré a las mafias, a los vende humo, ni me arrodillaré por prebendas oapoyos”. Dos días después debía llevarse adelante la renovación deautoridades en el seno del máximo órgano de Justicia de la provincia, que dejófinalmente de presidir.
Castrillón no la terminó allí. Al otro día brindódeclaraciones en diferentes medios en el que ratificó sus dichos y dio másdetalles. Aseguró que existía connivencia, sobre todo en causas de corrupción,entre un sector del poder político de la provincia que gobierna el peronistaGustavo Bordet, el Ministerio Público Fiscal y un sector de la prensa. Elmagistrado mantiene un enfrentamiento con el procurador general Jorge García yla ministra de Gobierno, Rosario Romero, a quienes apuntó en reiteradasocasiones.
Castrillón es uno de los que promueve una revisión alsistema acusatorio que rige en la provincia y donde el monopolio de la acciónpenal recae en la figura del fiscal. Este esquema -según los críticos- se hadesequilibrado en favor de la parte acusadora (el fiscal) y en detrimento deljuez de garantía.
Segundo round
La jueza de la Corte Susana Medina dejó trascender este finde semana en la prensa una denuncia a Castrillón por violencia de género. Lamisma se habría originado en una conversación en el grupo de WatshApp en la queCastrillón se habría dirigido en malos términos hacia Medina. Castrillón dio aentender que se trata de una reprimenda por haber denunciado a un sector deloficialismo y a la procuración.
“No he cometido ninguna violencia de género contra ladoctora Medina. Me parece risueño, pero cada una tiene su derecho. Estaré aderecho, como corresponde. Voy a poner abogado”, reaccionó Castrillón.
No se detuvo ahí: “Total después buscaré recuperar lo quegaste [a través de una denuncia por] daños y perjuicios [contra Medina].Considero que es artero, dañino. Me lesiona mentalmente, psíquicamente. Me estáhaciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño”,anticipó el juez.
Lo interesante es que en la causa, si se concreta, losprincipales testigos son los otros siete ministros de la Corte que integran elgrupo de WhatsApp y tienen en sus celulares el cruce entre denunciado ydenunciante. Medina no ha hablado sobre el tema.
Ayer, el Comité Provincial de la UCR emitió un documento enel que afirmó que el Superior Tribunal de Justicia ha convertido al PoderJudicial en un “conventillo cheto” en el que priman “elegocentrismo” y “las viejas luchas por poder que tienen un par demillonarios” por sobre la imperiosa necesidad de mejorar el servicio dejusticia y transparentar su accionar. Además le dio crédito a la versión deCastrillón sobre la connivencia de un sector de la política y el MinisterioPúblico Fiscal.
Este episodio se da en el peor momento. En Entre Ríos dosfemicidios evitables ocuparon las primeras planas de los medios locales ytambién nacionales. Se trata de los casos de Fátima Acevedo y Romina Roda,víctimas de sus exparejas. Ambas ya habían denunciado violencia en sedejudicial. Ante el primer femicidio hubo multitudinarias movilizaciones a Casade Gobierno y los tribunales con reclamos y pedidos de renuncia por parte delcolectivo feminista.
Las manifestantes apuntaron, entre otros, al procurador generalpor la salida del juez Carlos Rossi, quien había firmado las salidastransitorias del asesino de Micaela García, aquel femicidio que le dio título ala ley que hoy se implementa en todo el país.
Las protestas fueron aplanadas con la implementación de lacuarentena. El gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta anunciaronun paquete de medidas a iniciativas a nivel legislativo. La semana pasadaocurrió otro femicidio.
Contratos truchos en la Legislatura
En los tribunales de Paraná tramita una de las causas sobrecorrupción más escandalosas que se conozca en la historia reciente. Se laetiquetó como “contratos truchos en la Legislatura”.
La investigación la llevan adelante los fiscales PatriciaYedro e Ignacio Aramberry, quienes por estos días esperan el resultado de laspericias contables. Se estima que el desfalco es de 2000 millones de pesos, quefueron desviados entre el 2008 y 2018 a través de un sistema por el cual seadulteraban contratos en la Cámaras de Diputados y el Senado provincial, parafugar dineros públicos a través de prestanombres. La mayoría de ellos fueronidentificados en la investigación como personas de escasos recursos.
En el legajo están imputados exempleados administrativos dela Legislatura e integrantes de dos estudios contables en los que seadministraban esas contrataciones a terceros. Sin embargo, la causa no tiene adiputados ni senadores imputados, pese a que en la reglamentación de ambascámaras, para contratar a personal, la orden corre por cuenta de los presidentesde los cuerpos.
Cuando se conoció el escándalo y se inició la investigación,el 20 de septiembre de 2018, se encarceló a los encargados de buscar laspersonas para contratarlas, asignándole una suma de dinero generalmente de 50mil pesos, monto que no iba para quien firmaba ese contrato.
Cuando la causa empezó a tomar un ritmo amenazador para ladirigencia política local se conoció que la entonces fiscal anticorrupción ycoordinadora de la investigación, Cecilia Goyeneche, era socia en dos propiedadescon uno de los contadores imputados. Antes, se había revelado una relaciónlaboral del marido de Goyeneche, Sebastián Orlando, con el estudio AsesoríaIntegral, cuyos integrantes también están imputados, aunque no fueron a laUnidad Penal, como sí ocurrió con los integrantes del otro estudio involucradoen la causa.
La procuradora adjunta debió apartarse de la investigaciónante la presión de los abogados defensores. No hubo pedido de juicio político-con lo que se amenazó en un momento- pero el ritmo que había tomado lainvestigación se vio notoriamente resentido.
El procurador general García adelantó que la causa seríaelevada a juicio prontamente, sin dirigentes políticos imputados, pero con lapromesa de que habrá seguramente una segunda parte. Sectores de la oposición yabogados defensores han expresado disconformidad con la promesa de que la causase divida en dos, porque dan por sentado que un segundo proceso oral nollegará. En ese escenario, las denuncias del juez de la Corte adquieren otro sentido.
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